Las promociones automáticas se frenaron en 2011. Empleados fueron a la Justicia para cobrar retroactivos.
El Ministerio de Economía de Río Negro está apremiado por el pago del retroactivo correspondiente a la promoción automática de unos 5.000 estatales, que demanda un desembolso de 22 a 25 millones de pesos.
El apuro existe porque la Justicia evalúa un amparo presentado por empleados para su cancelación y al mismo tiempo persiste la presión gremial para su inmediato pago.
En los haberes de junio, el gobierno de Alberto Weretilneck comenzó con la recategorización automática, que se había suspendido a mediados del 2011.
Esa parálisis postergó ascensos y, obviamente, las mejoras de sus haberes, para unos 5.000 agentes.
La restitución seguirá cuando se paguen las remuneraciones de julio, con la demorada aplicación por parte de Salud y Educación.
Quedan pendientes las sumas no abonadas en el período de suspensión de la promoción.
Su pago conformó un debate puntual en el gobierno, que finalmente clausuró el mandatario cuando anunció que el Estado abonaría esos ascensos demorados.
Weretilneck lo adelantó hace algunas semanas durante un acto con el secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi.
El mandatario no puso plazo para su cancelación, pero dijo que el gremio estatal debería acordar con Economía, procurando no afectar la previsibilidad financiera.
Más allá de ese anuncio, una veintena de agentes del Ipross recurrió a la Justicia para el cobro inmediato de las sumas no liquidadas, a través de la presentación de un amparo.
La acción se formalizó el 5 de julio ante la Cámara del Trabajo de Viedma, la cual se abocó a la cuestión a pesar del inicio de la feria de invierno.
El juez Eduardo Roumec notificó y requirió la opinión a las autoridades de la obra social y de la Fiscalía de Estado.
Ambas partes ya habrían contestado, considerando que los empleados no agotaron la instancia administrativa porque no hicieron ningún reclamo en el organismo y, directamente, fueron a la Justicia.
También se habría cuestionado la urgencia expuesta, al plantear que el 26 de junio se formalizó el decreto de promoción automática y a los pocos días se presentó el amparo.
Esas observaciones técnicas podrían constituirse en los argumentos para el rechazo por parte de la Cámara.
Pero, más allá del presente frente judicial, el reclamo de cancelación urge en Economía, que deberá resolver un mecanismo de cancelación.
Se estima que el retroactivo demandaría una suma que se ubica entre los 22 y los 25 millones de pesos.
Ante ese escenario, el ministro Alejandro Palmieri habría evaluado un esquema de pago en cuotas mensuales, que UPCN inicialmente habría observado.
Seguramente, la cartera financiera relacionará esa definición con otra acción pendiente, como el aporte previsional al total de las remuneraciones en el personal que ingresa en los últimos 10 años para jubilarse, cumpliendo la ley 4640. (AV)