Detectan que $ 1,1 millones no fueron al organismo. Se trata de cobros del segundo semestre del 2011.
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El IPPV registró cancelaciones de créditos de viviendas pero esos pagos no ingresaron en las cuentas bancarias del organismo. Este faltante fue detectado en una auditoria del Tribunal de Cuentas, y corresponde al último semestre del 2011.
El rastreo se profundizó en las nóminas de montos superiores a 10.000 pesos, destinados a la liquidación de los saldos pendientes. Se trata de 77 préstamos por unidades habitacionales, con registros de pagos de hasta casi 26.000 pesos, totalizando más de 1,1 millón de pesos. Los mismos "no pudieron identificarse en la cuenta recaudadora del IPPV", dice la auditoria.
Frente a ese escenario, el Tribunal de Cuentas –que preside Erika Acosta– remitió la resolución y conclusiones del mecanismo de cobranza del IPPV y su convenio con Viviendas Rionegrinas a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Pidió que se determine si existió "perjuicio real a la hacienda pública".
También advirtió que los registros presentan "ciertas inconsistencias", que "propician la adjudicación irregular de viviendas porque podrían haberse adjudicado dos o más viviendas a un mismo titular" (ver recuadro).
La auditoría se originó en un pedido de agosto pasado del interventor del IPPV, Luis Bardeggia, en relación al "sistema de administración de la cartera y recupero de cuotas", incluyendo un convenio con Viviendas Rionegrinas.
Un análisis se concentró en un convenio del 2001 del IPPV con Viviendas Rionegrinas para la gestión de "administración, gestión, cobranza y recupero". El período revisado comprendió el 2011, es decir, durante la conducción radical de Vicente Pili.
El Tribunal afirmó que ese acuerdo estaba vencido y, además, los importes cobrados "ingresaban directamente en la cuenta bancaria del IPPV cuando conforme las cláusulas del convenio correspondía a Viviendas Rionegrinas prestar el servicio de cobranza de las cuotas, debiendo rendir en forma mensual al instituto los importes recaudados y depositarlos en la cuenta que este último indique". Allí se destaca la falta de separación de roles cuando se constata la intervención de áreas del IPPV cuando "eran tareas exclusivas de Viviendas Rionegrinas SE", que igual "facturó la comisión pautada –3% por cobro de descuentos de planilla y 5% por otros mecanismos– por los servicios de administración, gestión y cobranza de la cartera de créditos de viviendas".
El trabajo final –de 56 páginas– también resaltó "la falta de conciliación entre los importes procesados por el organismo y lo efectivamente recaudado. Esta omisión afectó el correcto seguimiento de las cobranzas" y, también, "imposibilitó contar con información cierta y veraz que coadyuve a una mejor gestión y administración de la cartera de créditos morosos".
En sus conclusiones, el Tribunal destacó que "se verificó una serie de registros correspondientes a presuntas cancelaciones de créditos de significativo monto" pero "cuyo efectivo ingreso a las arcas del organismo no pudo ser identificado". Esta situación ya "motivó el inicio de una investigación interna por parte de las autoridades actuales del organismo auditado".(AV)