La abogada de la CTA dijo que así lo establece el artículo 256 del Código Penal.
Cargó contra la presidenta del CPE: "La responsabilidad de controlar es de ella".
NEUQUÉN (AN).- La abogada de Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Asunción Miras Trabalón afirmó que la responsabilidad final de las compras del CPE es "de la presidenta" del organismo (Patricia Ruiz) quien a su entender cometió el delito de "negociaciones incompatibles", según lo establecido en el artículo 256 Código Penal, indicó.
La abogada dijo que los controles de las compras del organismo educativo "siempre las hizo la presidenta, lo mismo que la organización de contabilidad".
"Desde hace años, desde que estaba Mario Pilatti que era un funcionario sobischista que hubo anteriormente, sacaron la discusión contable del ámbito del cuerpo colegiado para que los vocales gremiales no pudieran controlarla. Entonces el presidente se atribuye la última decisión en cuestiones contables, por lo tanto la última responsable es Patricia Ruiz", sostuvo la abogada ayer en declaraciones a FM Capital.
Miras Trabalon dijo que "esto sería el delito previsto en el artículo 265 del código penal, que son las negociaciones incompatibles. Cuando un funcionario pone interés en un negocio para sí o para un tercero que lo va a beneficiar y que es un negocio que él puede controlar desde el Estado".
La abogada, que elaboró la denuncia que el lunes formalizó el secretario general de la CTA Carlos Quintriqueo, dio detalles de las múltiples prestaciones de la firma Sym´s Track que figura a nombre de Aída Rosa Wilson, su consuegra. La firma, que tiene dirección fantasma en Independencia 876 de Neuquén, está a nombre de Aída Wilson, una jubilada de 72 años, cuyo hijo es el contador Diego Gelos, personal contratado del CPE y propietario de otra empresa multirrubro".
Gelos está casado por Marlene Ojeda, hija de la presidenta del CPE, y es empleado jerárquico del Banco Nación. Cuando este diario lo consultó dijo que no sabía quién era Wilson (su mamá) y que tampoco podía responder si el CPE le había pagado su contrato en los últimos tres meses.
El caso se hizo público a partir de una investigación de "Río Negro".
"Lo sorprendente es que Patricia Ruiz reconoce que existe esta situación pero que ella entiende de Educación no de administración, cuando la facultad del presidente (del CPE) por la ley de creación del Consejo es entre otras administrar los fondos de la educación pública", dijo Miras.
"Se pudo descubrir esto, que obviamente la presidenta y la participación de contaduría del Consejo lo tenían bien oculto (...)", afirmó y agregó que "se usaron fondos del Estado para favorecer a empresas creadas por su familia".
Cargó contra la presidenta del CPE: "La responsabilidad de controlar es de ella".
NEUQUÉN (AN).- La abogada de Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Asunción Miras Trabalón afirmó que la responsabilidad final de las compras del CPE es "de la presidenta" del organismo (Patricia Ruiz) quien a su entender cometió el delito de "negociaciones incompatibles", según lo establecido en el artículo 256 Código Penal, indicó.
La abogada dijo que los controles de las compras del organismo educativo "siempre las hizo la presidenta, lo mismo que la organización de contabilidad".
"Desde hace años, desde que estaba Mario Pilatti que era un funcionario sobischista que hubo anteriormente, sacaron la discusión contable del ámbito del cuerpo colegiado para que los vocales gremiales no pudieran controlarla. Entonces el presidente se atribuye la última decisión en cuestiones contables, por lo tanto la última responsable es Patricia Ruiz", sostuvo la abogada ayer en declaraciones a FM Capital.
Miras Trabalon dijo que "esto sería el delito previsto en el artículo 265 del código penal, que son las negociaciones incompatibles. Cuando un funcionario pone interés en un negocio para sí o para un tercero que lo va a beneficiar y que es un negocio que él puede controlar desde el Estado".
La abogada, que elaboró la denuncia que el lunes formalizó el secretario general de la CTA Carlos Quintriqueo, dio detalles de las múltiples prestaciones de la firma Sym´s Track que figura a nombre de Aída Rosa Wilson, su consuegra. La firma, que tiene dirección fantasma en Independencia 876 de Neuquén, está a nombre de Aída Wilson, una jubilada de 72 años, cuyo hijo es el contador Diego Gelos, personal contratado del CPE y propietario de otra empresa multirrubro".
Gelos está casado por Marlene Ojeda, hija de la presidenta del CPE, y es empleado jerárquico del Banco Nación. Cuando este diario lo consultó dijo que no sabía quién era Wilson (su mamá) y que tampoco podía responder si el CPE le había pagado su contrato en los últimos tres meses.
El caso se hizo público a partir de una investigación de "Río Negro".
"Lo sorprendente es que Patricia Ruiz reconoce que existe esta situación pero que ella entiende de Educación no de administración, cuando la facultad del presidente (del CPE) por la ley de creación del Consejo es entre otras administrar los fondos de la educación pública", dijo Miras.
"Se pudo descubrir esto, que obviamente la presidenta y la participación de contaduría del Consejo lo tenían bien oculto (...)", afirmó y agregó que "se usaron fondos del Estado para favorecer a empresas creadas por su familia".