Tras un hermetismo de años, "Río Negro" logró obtener detalles de los negocios principales, hechos en la gestión Sobisch
Gracias a que, en un recurso de amparo presentado hace dos años por este diario, la jueza Paula Stanislawsky se pronunció a favor de levantar el secreto impuesto por el ex gobernador Jorge Sobisch –y convalidado por el actual, Jorge Sapag– a los expedientes relacionados con el Plan Integral de Seguridad, se abrió la posibilidad de ver esas actuaciones, guardadas en cinco voluminosas cajas.
El examen permitió conocer que, bajo pretexto de guardar el más estricto secreto, todos los contratos del plan que superó con holgura los 50 millones de dólares (al valor de entonces: unos $ 150 millones) fueron directos, sin licitación, lo que permitió seleccionar sin ninguna garantía de corrección administrativa a la empresa Damovo SA como adjudicataria del contrato principal, superior a los cien millones de pesos.
Los decretos que ordenan el secreto, también secretos, fueron el 007, del 7 de enero del 2005, que en su artículo 1º asignó "carácter confidencial" a las "contrataciones críticas relacionadas con aspectos de comunicaciones, armamentos y elementos para investigaciones e inteligencia a que hace referencia el inciso s) del artículo 75 del reglamento de contrataciones de la provincia". Ese es el reglamento de la ley 2141, cuyo artículo 63 ordena que todos los contratos deben hacerse por licitación pública. Lo más pintoresco de este capítulo es que los incisos del artículo 75 llegaban hasta el r). Pero Sobisch salvó el inconveniente dictando otro decreto que agregó el s).
En los considerandos este decreto decía que ya se había dado "el carácter de reservado" a los papeles del Plan de Seguridad. No obstante, se estimaba necesario, por "la sensibilidad de la materia", acentuar el carácter convirtiéndolos en confidenciales. Hay en el 007 un último párrafo que exalta "la transparencia" de lo actuado.
Sapag también
Antes, el 10 de setiembre de 2004, Sobisch había firmado el decreto 2090 que aprobaba el Plan, con el refrendo de los ministros Manganaro y Silvestrini. El artículo 1º decía de la aprobación del plan "cuyo contenido obra en el expediente 3200-007759/2004 del registro del ministerio de Seguridad y Trabajo, el que tendrá carácter reservado conforme lo prevé el artículo 142 de la ley 1284, como así también aquellas contrataciones que se consideren críticas en función de la reserva establecida".
Ese artículo 142 define una excepción al principio de publicidad establecido en la ley 1284. Dice que las actuaciones podrán ser declaradas reservadas, secretas o confidenciales "mediante decisión fundada de la autoridad con competencia para resolver sobre el fondo del asunto, previo dictamen jurídico". Y sigue: "La declaración sólo tiene como efecto impedir las vistas y el acceso al expediente, total o parcialmente, hasta que recaiga resolución definitiva".
La norma de excepción merece un par de comentarios. El primero, que ni en la masa de expedientes revisada ni en los fundamentos del decreto 2090 hay noticia alguna del dictamen jurídico. Y segundo, que el artículo 142 advierte que el secreto concluye con el final del trámite administrativo. En el caso del PIS, por lo tanto, debió finalizar con la rescisión del contrato, pactada entre Damovo y el gobierno de Sapag a fines del 2008. No obstante, el ministro de Seguridad de Sapag, Guillermo Pellini lo guardó a llave y candado hasta que intervino la Justicia. El secreto, no obstante, sigue, porque sólo ha sido levantado para quien pidió el amparo judicial.
En la largada, Sobisch y Mauricio Macri presidieron unas jornadas de Seguridad que se hicieron en Villa La Angostura en abril de 2004. Fueron el sostén argumentativo del Plan que se lanzaría en el mismo año, pero a la vez sirvieron para presentar una alianza política entre los dos protagonistas, que Sobisch defendería empeñosamente luego, mientras con el mismo empeño Macri tomaba distancia. El PIS, no obstante, progresaba a paso firme: en febrero de 2005 Damovo (presidida por Manuel Requejo García, amigo de Macri) recibía un primer pago de 22 millones de pesos.
Dentro de los expedientes
La asociación entre Sobisch y Macri era lo que estaba en el mundo, pero no en los expedientes. Uno puede presumir que la elección de los contratistas, tratándose de tanto dinero, se inició con conversaciones. Pero lo que está escrito, el 17 de agosto de 2004, es un pedido a Manganaro del entonces jefe de la Policía neuquina, Walter Cofré, de 119.798.185 pesos para compras de seguridad. A ese fin el jefe había contado con el asesoramiento del comisario ingeniero Raúl Croceri. A meritoria velocidad las actuaciones pasan por Manganaro (23/8/04) y el subsecretario Omar Raimondo, quien 48 horas después, ya enterado de que no hay en el ministerio personal apto para hacer un estudio del sistema de comunicaciones, aconseja un contrato externo.
En ese punto aparece agregado el contrato de constitución de AEF SRL, fechado el 9/12/02. Son sus socios Adrián Faduaga, Manuel Puente Guillén y José Luis Beltramone. En el expediente 3200-000759/2004 una resolución de Manganaro selecciona a AEF para la evaluación del pedido de Croceri. El contrato, aprobado por la resolución 426 por un monto de 436.810 pesos, es firmado por Faduaga y Raimondo luego de pasar por dictámenes favorables del Fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y del contador general de la provincia, Jorge Bonaiuto. (A esta altura, en medio del fárrago burocrático, luce una nota de Raimondo a Manganaro recomendando el helicóptero marca Bell, que vende en la Argentina otro amigo de Macri, Cristiano Rattazzi).
Llama la atención una nota del nuevo subsecretario, Hugo Acuña, a Manganaro del 27/10/04. Ya entregado el trabajo de AEF, Acuña sostiene que es necesario evaluarlo para luego hacer una búsqueda de las empresas más aptas "con la reserva y discreción que la materia amerita". Se venía otro contrato.
Manganaro aprueba, y se elige entre tres a la consultora Razzetto, López Rodríguez, Córdoba y Asociados, que cotiza pos sus servicios 377.340 pesos. El 4/11/04 resalta el dictamen legal del hoy juez de cámara Fernando Ghisini, quien a todas las conductas recomendadas para asegurar el secreto agrega "el sigilo". Luego, el día 9, añade un sigiloso dictamen a favor de Razzetto, sólo fundamentado en que es "la propuesta más conveniente". Invoca, eso sí, el artículo 64 de la ley 2141.
Damovo en la escena
El 12/11/04 Sobisch firma el decreto 2779 que crea la Dirección Ejecutiva del PIS (DEPIS), facultada para contratar sin licitación y protegida por el secreto. Se designa director a Juan Carlos Pintado, hermano del Gerente de Administración del BPN, Sergio Pintado. El 26/11 Razzetto coincide en proponer la contratación de Damovo, que un mes después cotiza por los trabajos del Sistema Integral de Seguridad y Atención de Emergencias (SISPAE) 110.930.000 pesos. Con dictamen favorable de Gaitán, el contrato se firma el 20/1/05. Dos meses después Acuña pide otro contrato, para el gerenciamiento y mantenimiento del SISPAE, e inmediatamente después él y Pintado envían una nota a Requejo recordándole que en el contrato del 20 de enero la empresa "asumió la obligación de suscribir un contrato de gerenciamiento", Damovo contesta que se puede hacer cargo, y en abril cotiza 71.194.868 pesos más. Habría que agregar lo que, según un auditor del Tribunal de Cuentas, Víctor Sagripanti, cuestan los dos helicópteros Bell y los 200 autos Volkswagen Polo incluídos en el PIS: 3.126.133,51 y 8.946.221,56 pesos.
Tampoco esta vez ni Bonaiuto ni Gaitán tienen nada que objetar a la contratación directa ni al secreto. Pero hay alguien que, si bien no objeta, quiere saber qué destino se dará a los 23.595.000 pesos que Pintado pide. Es Santiago Morán, funcionario de Seguridad. Daniel Rimada, sucesor de Pintado en la DEPIS, no le contesta a él sino a Arévalo, recordándole que el trámite es reservado. Luego, el 5/12/05, Arévalo aprueba por resolución 093 el pedido de Pintado.
En el final de lo que se pudo ver hay una resolución 260 del 3/10/07 que adjudica tres contratos por un total de 1.721.282,53 pesos a las firmas Sitelec, Ericnet y Nec Arg., para instalar el nodo uno del SISPAE en la jefatura de Policía.
Gracias a que, en un recurso de amparo presentado hace dos años por este diario, la jueza Paula Stanislawsky se pronunció a favor de levantar el secreto impuesto por el ex gobernador Jorge Sobisch –y convalidado por el actual, Jorge Sapag– a los expedientes relacionados con el Plan Integral de Seguridad, se abrió la posibilidad de ver esas actuaciones, guardadas en cinco voluminosas cajas.
El examen permitió conocer que, bajo pretexto de guardar el más estricto secreto, todos los contratos del plan que superó con holgura los 50 millones de dólares (al valor de entonces: unos $ 150 millones) fueron directos, sin licitación, lo que permitió seleccionar sin ninguna garantía de corrección administrativa a la empresa Damovo SA como adjudicataria del contrato principal, superior a los cien millones de pesos.
Los decretos que ordenan el secreto, también secretos, fueron el 007, del 7 de enero del 2005, que en su artículo 1º asignó "carácter confidencial" a las "contrataciones críticas relacionadas con aspectos de comunicaciones, armamentos y elementos para investigaciones e inteligencia a que hace referencia el inciso s) del artículo 75 del reglamento de contrataciones de la provincia". Ese es el reglamento de la ley 2141, cuyo artículo 63 ordena que todos los contratos deben hacerse por licitación pública. Lo más pintoresco de este capítulo es que los incisos del artículo 75 llegaban hasta el r). Pero Sobisch salvó el inconveniente dictando otro decreto que agregó el s).
En los considerandos este decreto decía que ya se había dado "el carácter de reservado" a los papeles del Plan de Seguridad. No obstante, se estimaba necesario, por "la sensibilidad de la materia", acentuar el carácter convirtiéndolos en confidenciales. Hay en el 007 un último párrafo que exalta "la transparencia" de lo actuado.
Sapag también
Antes, el 10 de setiembre de 2004, Sobisch había firmado el decreto 2090 que aprobaba el Plan, con el refrendo de los ministros Manganaro y Silvestrini. El artículo 1º decía de la aprobación del plan "cuyo contenido obra en el expediente 3200-007759/2004 del registro del ministerio de Seguridad y Trabajo, el que tendrá carácter reservado conforme lo prevé el artículo 142 de la ley 1284, como así también aquellas contrataciones que se consideren críticas en función de la reserva establecida".
Ese artículo 142 define una excepción al principio de publicidad establecido en la ley 1284. Dice que las actuaciones podrán ser declaradas reservadas, secretas o confidenciales "mediante decisión fundada de la autoridad con competencia para resolver sobre el fondo del asunto, previo dictamen jurídico". Y sigue: "La declaración sólo tiene como efecto impedir las vistas y el acceso al expediente, total o parcialmente, hasta que recaiga resolución definitiva".
La norma de excepción merece un par de comentarios. El primero, que ni en la masa de expedientes revisada ni en los fundamentos del decreto 2090 hay noticia alguna del dictamen jurídico. Y segundo, que el artículo 142 advierte que el secreto concluye con el final del trámite administrativo. En el caso del PIS, por lo tanto, debió finalizar con la rescisión del contrato, pactada entre Damovo y el gobierno de Sapag a fines del 2008. No obstante, el ministro de Seguridad de Sapag, Guillermo Pellini lo guardó a llave y candado hasta que intervino la Justicia. El secreto, no obstante, sigue, porque sólo ha sido levantado para quien pidió el amparo judicial.
En la largada, Sobisch y Mauricio Macri presidieron unas jornadas de Seguridad que se hicieron en Villa La Angostura en abril de 2004. Fueron el sostén argumentativo del Plan que se lanzaría en el mismo año, pero a la vez sirvieron para presentar una alianza política entre los dos protagonistas, que Sobisch defendería empeñosamente luego, mientras con el mismo empeño Macri tomaba distancia. El PIS, no obstante, progresaba a paso firme: en febrero de 2005 Damovo (presidida por Manuel Requejo García, amigo de Macri) recibía un primer pago de 22 millones de pesos.
Dentro de los expedientes
La asociación entre Sobisch y Macri era lo que estaba en el mundo, pero no en los expedientes. Uno puede presumir que la elección de los contratistas, tratándose de tanto dinero, se inició con conversaciones. Pero lo que está escrito, el 17 de agosto de 2004, es un pedido a Manganaro del entonces jefe de la Policía neuquina, Walter Cofré, de 119.798.185 pesos para compras de seguridad. A ese fin el jefe había contado con el asesoramiento del comisario ingeniero Raúl Croceri. A meritoria velocidad las actuaciones pasan por Manganaro (23/8/04) y el subsecretario Omar Raimondo, quien 48 horas después, ya enterado de que no hay en el ministerio personal apto para hacer un estudio del sistema de comunicaciones, aconseja un contrato externo.
En ese punto aparece agregado el contrato de constitución de AEF SRL, fechado el 9/12/02. Son sus socios Adrián Faduaga, Manuel Puente Guillén y José Luis Beltramone. En el expediente 3200-000759/2004 una resolución de Manganaro selecciona a AEF para la evaluación del pedido de Croceri. El contrato, aprobado por la resolución 426 por un monto de 436.810 pesos, es firmado por Faduaga y Raimondo luego de pasar por dictámenes favorables del Fiscal de Estado, Raúl Gaitán, y del contador general de la provincia, Jorge Bonaiuto. (A esta altura, en medio del fárrago burocrático, luce una nota de Raimondo a Manganaro recomendando el helicóptero marca Bell, que vende en la Argentina otro amigo de Macri, Cristiano Rattazzi).
Llama la atención una nota del nuevo subsecretario, Hugo Acuña, a Manganaro del 27/10/04. Ya entregado el trabajo de AEF, Acuña sostiene que es necesario evaluarlo para luego hacer una búsqueda de las empresas más aptas "con la reserva y discreción que la materia amerita". Se venía otro contrato.
Manganaro aprueba, y se elige entre tres a la consultora Razzetto, López Rodríguez, Córdoba y Asociados, que cotiza pos sus servicios 377.340 pesos. El 4/11/04 resalta el dictamen legal del hoy juez de cámara Fernando Ghisini, quien a todas las conductas recomendadas para asegurar el secreto agrega "el sigilo". Luego, el día 9, añade un sigiloso dictamen a favor de Razzetto, sólo fundamentado en que es "la propuesta más conveniente". Invoca, eso sí, el artículo 64 de la ley 2141.
Damovo en la escena
El 12/11/04 Sobisch firma el decreto 2779 que crea la Dirección Ejecutiva del PIS (DEPIS), facultada para contratar sin licitación y protegida por el secreto. Se designa director a Juan Carlos Pintado, hermano del Gerente de Administración del BPN, Sergio Pintado. El 26/11 Razzetto coincide en proponer la contratación de Damovo, que un mes después cotiza por los trabajos del Sistema Integral de Seguridad y Atención de Emergencias (SISPAE) 110.930.000 pesos. Con dictamen favorable de Gaitán, el contrato se firma el 20/1/05. Dos meses después Acuña pide otro contrato, para el gerenciamiento y mantenimiento del SISPAE, e inmediatamente después él y Pintado envían una nota a Requejo recordándole que en el contrato del 20 de enero la empresa "asumió la obligación de suscribir un contrato de gerenciamiento", Damovo contesta que se puede hacer cargo, y en abril cotiza 71.194.868 pesos más. Habría que agregar lo que, según un auditor del Tribunal de Cuentas, Víctor Sagripanti, cuestan los dos helicópteros Bell y los 200 autos Volkswagen Polo incluídos en el PIS: 3.126.133,51 y 8.946.221,56 pesos.
Tampoco esta vez ni Bonaiuto ni Gaitán tienen nada que objetar a la contratación directa ni al secreto. Pero hay alguien que, si bien no objeta, quiere saber qué destino se dará a los 23.595.000 pesos que Pintado pide. Es Santiago Morán, funcionario de Seguridad. Daniel Rimada, sucesor de Pintado en la DEPIS, no le contesta a él sino a Arévalo, recordándole que el trámite es reservado. Luego, el 5/12/05, Arévalo aprueba por resolución 093 el pedido de Pintado.
En el final de lo que se pudo ver hay una resolución 260 del 3/10/07 que adjudica tres contratos por un total de 1.721.282,53 pesos a las firmas Sitelec, Ericnet y Nec Arg., para instalar el nodo uno del SISPAE en la jefatura de Policía.
Jorge Gadano y María Pía Mendiberri