El jefe comunal de Bariloche acató la norma y desde ahora las hará públicas por internet y en el Boletín Oficial.
En febrero Goye había ordenado ocultar las resoluciones de la mirada pública y nunca explicó los motivos. Por esos días, había generado fuerte polémica la publicación de un listado de contrataciones políticas que se excedían lo autorizado por el organigrama.
Los ediles oficialistas y opositores coincidieron en señalar que la publicación de las resoluciones en la web es la mejor forma de garantizar los derechos contemplados en la normativa de acceso a la información.
Por eso debatieron y aprobaron en la última sesión el proyecto presentado por Leandro Lescano (Frente Social del Pueblo) y Mauro González (Partido Vecinalista para el Cambio) para restituir la publicidad de los documentos de la comuna.
El texto que presentaron los autores obligaba a difundir las resoluciones por internet en un plazo de 48 horas, pero el concejal del FpV, Alejandro Ramos Mejía, propuso acortarlo a 24 horas y así quedó la ordenanza.
Además, la normativa impone la publicación de todas las resoluciones en el Boletín Oficial del municipio. Hasta ahora sólo eran incluidas una pequeña cantidad (nunca más del 20%), de acuerdo a un criterio de selección que jamás fue "blanqueado".
Goye no ocultó su contrariedad ante el revés sufrido por su política de comunicación. Sin margen para vetar, días atrás anunció que la promulgaría y se preguntó "de dónde va a salir el dinero para publicar todas las resoluciones en el Boletín". Dio a entender así que el cumplimiento de la ordenanza le demandará una importante cantidad de papel.
Ayer en el sitio oficial del municipio constaba que las dos últimas resoluciones firmadas por Goye son la aceptación de la renuncia del jefe de Gabinete, Jorge González, y la corrección del sueldo de un empleado de planta que había sido mal liquidado.
En su momento, cuando decidió bajar las resoluciones de interne, Goye dijo que estarían disponibles en el Boletín Oficial. Pero esa publicación tiene apenas dos ediciones mensuales y nunca incluye la totalidad de la información requerida.
La asesora letrada del Concejo, Josefina Sánchez Elizondo, opinó que el intendente no se ajustaba a lo establecido en la ordenanza 1.851, que lo obliga a garantizar y también a "facilitar" el acceso a la información pública.