Intendente admite que el polémico sistema "está flojito de papeles"
NEUQUÉN (AN).- En dos semanas las
autoridades del Ejecutivo y del Concejo Deliberante de Picún Leufú
mantendrán un nuevo encuentro con la firma que controla el radar de
infracciones de tránsito de la ruta nacional 237 para tratar de eliminar
el sistema sin generar un juicio millonario en contra de la comuna.
Así lo anunció ayer el intendente Clemente Casamajou, quien detalló que "ya mantuvimos un encuentro con la gente de la empresa Concesionaria, Buenos Aires Vial SRL, para poner fin al contrato que se firmó durante el anterior gobierno de Carlos Casteblanco (MPN), pero no llegamos aún a un acuerdo porque hay una cláusula que nos preocupa porque nos obliga a pagar un importante lucro cesante". Casamajou indicó que "estimamos que esa penalización podría ser un monto de 1.000.000 de pesos, que para nosotros es excesivo si tenemos en cuenta que tenemos un presupuesto mensual de 800.000 pesos".
El jefe comunal explicó que el radar fue autorizado por contrato en mayo de 2011, pero comenzó a funcionar recién en septiembre de ese año. La comuna recibe sólo el 30% de las multas pagadas, que en algunos casos alcanzan los 3.000 pesos y que corresponden a todos los rodados que pasen por la travesía urbana de la localidad a más de 60 kilómetros por hora. "Este mes recibimos por el radar 3.000 pesos, pero en otros meses ingresaron hasta 80.000 pesos que destinamos a becas", indicó el jefe comunal y agregó que "la empresa se queda con el 70% a pesar de que el municipio es el que está obligado a poner una patrulla en la ruta y personal, bajo apercibimiento de ser acusados de incumplimiento de contrato". Casamajou reconoció que "el radar está flojito de papeles", dado que advirtió que "no tiene autorización de Vialidad Nacional y no estaría homologado por el INTI".
Esos argumentos, y algunos puntos confusos del contrato serían utilizados por la comuna para tratar de poner fin al radar infractor, dado que el mismo intendente reconoció que "nos genera una gran preocupación porque todos los días estamos recibiendo al menos dos cartas documento de gente que fue multada por este radar y que no accionan contra la empresa sino contra el municipio".
Casamajou agregó que "lo peor es que en la mayoría de los casos las multas llegan recién seis meses después de que uno pasó por Picún Leufú, por lo que no sabemos qué pasará con las multas que están en distribución".
Así lo anunció ayer el intendente Clemente Casamajou, quien detalló que "ya mantuvimos un encuentro con la gente de la empresa Concesionaria, Buenos Aires Vial SRL, para poner fin al contrato que se firmó durante el anterior gobierno de Carlos Casteblanco (MPN), pero no llegamos aún a un acuerdo porque hay una cláusula que nos preocupa porque nos obliga a pagar un importante lucro cesante". Casamajou indicó que "estimamos que esa penalización podría ser un monto de 1.000.000 de pesos, que para nosotros es excesivo si tenemos en cuenta que tenemos un presupuesto mensual de 800.000 pesos".
El jefe comunal explicó que el radar fue autorizado por contrato en mayo de 2011, pero comenzó a funcionar recién en septiembre de ese año. La comuna recibe sólo el 30% de las multas pagadas, que en algunos casos alcanzan los 3.000 pesos y que corresponden a todos los rodados que pasen por la travesía urbana de la localidad a más de 60 kilómetros por hora. "Este mes recibimos por el radar 3.000 pesos, pero en otros meses ingresaron hasta 80.000 pesos que destinamos a becas", indicó el jefe comunal y agregó que "la empresa se queda con el 70% a pesar de que el municipio es el que está obligado a poner una patrulla en la ruta y personal, bajo apercibimiento de ser acusados de incumplimiento de contrato". Casamajou reconoció que "el radar está flojito de papeles", dado que advirtió que "no tiene autorización de Vialidad Nacional y no estaría homologado por el INTI".
Esos argumentos, y algunos puntos confusos del contrato serían utilizados por la comuna para tratar de poner fin al radar infractor, dado que el mismo intendente reconoció que "nos genera una gran preocupación porque todos los días estamos recibiendo al menos dos cartas documento de gente que fue multada por este radar y que no accionan contra la empresa sino contra el municipio".
Casamajou agregó que "lo peor es que en la mayoría de los casos las multas llegan recién seis meses después de que uno pasó por Picún Leufú, por lo que no sabemos qué pasará con las multas que están en distribución".