La Corte Suprema de Chile ordenó pedir informes al Ministerio del
Interior y fuerzas de seguridad por una denuncia sobre una supuesta
orden de detención "ilegal" en territorio chileno
La Corte Suprema de Chile declaró
admisible el amparo presentado por una ONG de ese país en procura de
garantizar las "vidas e integridad personal" de Alexis Cortés Torres y
Jorge Salazar Oporto, los dos ciudadanos chilenos que se encuentran
prófugos por el asesinato del policía José Aigo, ocurrido en marzo
pasado sobre la Ruta 23, a la altura del paraje Pilo Lil, cerca de Junín
de los Andes.
El recurso judicial fue interpuesto en representación de la hermana de Cortés Torres, Carolina, por la abogada Alejandra Arriaza Donoso, secretaria ejecutiva de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), en procura de impedir que una eventual detención de los prófugos en territorio chileno ponga en peligro su "seguridad individual".
En comunicados de prensa emitidos por esa organización califican a los dos hombres como personas "desaparecidas desde el día 7 de marzo de 2012, fecha en que se vieron envueltos en un confuso incidente en la ciudad Junín, en Argentina, en el que resultó muerto un policía de ese país". En su última comunicación explican que "la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Guillermo Piedrabuena, declaró admisible el recurso de amparo en favor Alexis Cortés Torres y Jorge Salazar Oporto", al revisar por vía de apelación el rechazo que había tenido el mismo planteo en primera instancia.
El fallo ordena a "la Corte de Apelaciones de Santiago dar la tramitación que en derecho corresponda a esta acción, decretando los oficios pertinentes a los organismos policiales y Ministerio Público", debido a que el eje del planteo es el temor de los familiares de que el gobierno chileno haya desplegado sus fuerzas de seguridad para detenerlos "sin mediar un proceso de extradición" e impulsando "de forma ilegal y arbitraria", una "persecución con características de cacería", surge de los informes obrantes en el expediente judicial.
"La diligencia se fundamenta en la amenaza a la seguridad individual de los amparados (...) por correr riesgo cierto sus vidas e integridad personal, en atención a la persecución que se denuncia en el recurso presentado", detallaron desde la ONG chilena.
Al recibir el recurso, la Corte de Santiago libró pedidos de informe "por la vía más rápida, a la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Ministerio público y Ministerio del Interior, quienes deberán evacuar el informe en un plazo de 24 horas" ante el temor de que estuvieran prestos a detener a los dos hombres sin estar formalizada la orden de captura internacional. Según pudo conocer este medio a través de la página web oficial del Poder Judicial de Chile, la respuesta inmediata del fiscal nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán Sarrás, fue que en el ámbito de su competencia "no se registran órdenes de detención que afecten a los amparados". El Ministro del Interior, Rodrigo Hizpeter Kirberg, respondió que su cartera "no tiene vinculación alguna con los hechos denunciados" ni tampoco "es efectivo que haya ordenado a las instituciones policiales la detención de los amparados". (Redacción central)
El recurso judicial fue interpuesto en representación de la hermana de Cortés Torres, Carolina, por la abogada Alejandra Arriaza Donoso, secretaria ejecutiva de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu), en procura de impedir que una eventual detención de los prófugos en territorio chileno ponga en peligro su "seguridad individual".
En comunicados de prensa emitidos por esa organización califican a los dos hombres como personas "desaparecidas desde el día 7 de marzo de 2012, fecha en que se vieron envueltos en un confuso incidente en la ciudad Junín, en Argentina, en el que resultó muerto un policía de ese país". En su última comunicación explican que "la Segunda Sala de la Corte Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Guillermo Piedrabuena, declaró admisible el recurso de amparo en favor Alexis Cortés Torres y Jorge Salazar Oporto", al revisar por vía de apelación el rechazo que había tenido el mismo planteo en primera instancia.
El fallo ordena a "la Corte de Apelaciones de Santiago dar la tramitación que en derecho corresponda a esta acción, decretando los oficios pertinentes a los organismos policiales y Ministerio Público", debido a que el eje del planteo es el temor de los familiares de que el gobierno chileno haya desplegado sus fuerzas de seguridad para detenerlos "sin mediar un proceso de extradición" e impulsando "de forma ilegal y arbitraria", una "persecución con características de cacería", surge de los informes obrantes en el expediente judicial.
"La diligencia se fundamenta en la amenaza a la seguridad individual de los amparados (...) por correr riesgo cierto sus vidas e integridad personal, en atención a la persecución que se denuncia en el recurso presentado", detallaron desde la ONG chilena.
Al recibir el recurso, la Corte de Santiago libró pedidos de informe "por la vía más rápida, a la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, Ministerio público y Ministerio del Interior, quienes deberán evacuar el informe en un plazo de 24 horas" ante el temor de que estuvieran prestos a detener a los dos hombres sin estar formalizada la orden de captura internacional. Según pudo conocer este medio a través de la página web oficial del Poder Judicial de Chile, la respuesta inmediata del fiscal nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán Sarrás, fue que en el ámbito de su competencia "no se registran órdenes de detención que afecten a los amparados". El Ministro del Interior, Rodrigo Hizpeter Kirberg, respondió que su cartera "no tiene vinculación alguna con los hechos denunciados" ni tampoco "es efectivo que haya ordenado a las instituciones policiales la detención de los amparados". (Redacción central)