El decreto 1277 acota los derechos de las provincias. El gobernador Sapag será quien siente posición.
NEUQUÉN (AN).- El decreto nacional 1277 -que establece un control centralizado de la actividad hidrocarburífera- dejó en silencio al gobierno neuquino y provocó alarma entre las principales empresas operadoras en un momento clave para el sector. Falta poco para que YPF anuncie el denominado plan de los 100 días y en la firma deben definir la estrategia de trabajo y sobre todo las alianzas para financiar los trabajos que insumirían alrededor de 7.000 millones de dólares de inversión para 2013. No hay nada definido hasta ahora y si existía alguna alternativa cercana el decreto 1277 ha tenido el efecto de una bomba que dejó en las empresas una mezcla de "cautela y frustración", confió una fuente del sector a "Río Negro"
Desde el sábado que la administración de Jorge Sapag no emite opinión sobre el tema y según se encargaron de explicar fuentes de la cartera energética, será el gobernador el que siente posición sobre el tema. Hasta ahora, el único que se ha hecho escuchar es el multifacético secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Guillermo Pereyra, quien el martes dijo claramente que el decreto 1277, que otorga poderes excepcionales al viceministro de Economía Axel Kicillof, es violatorio de la Constitución Nacional y entre otras cosas reclamó que las provincias defiendan sus derechos sobre los recursos a través de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofehi). Si bien existe diálogo entre las provincias productoras y las autoridades están de acuerdo en rechazar este avance sobre su potestad, por el momento nadie parece estar dispuesto a expresarlo públicamente y mucho menos a encabezar un reclamo contra la administración central.
Pereyra suele anticipar las acciones del gobierno aunque fuentes consultadas por este diario indicaron que en este caso actúo "motu propio" porque "tiene espaldas para hacerlo".
La situación del gobierno neuquino es compleja. Todo el escenario que Sapag se había encargado de pulir en los últimos cuatro años -de cara al desarrollo del megayacimiento Vaca Muerta- se desmoronó en los últimos cuatro meses, con la estatización del 51% de las acciones de YPF. Para completar llegó el decreto 1277, que deja, de alguna forma, vacía de contenido la denominada Ley Corta, que otorgó la propiedad de los yacimientos a la provincia.
El decreto provocó, además, una mini tormenta puertas adentro de YPF pues el CEO de la empresa Miguel Galuccio se enteró del mismo cuando ya estaba firmado. Preocupado, habría solicitado una reunión con la presidenta de la Nación, misión que encabeza su asesora de los 100 días Doris Capurro. La reunión podría concretarse en breve e incluiría al súper viceministro Axel Kicillof.