El expediente de la Secretaría General no pasó por Contaduría ni Fiscalía de Estado.
No existió ningún control gubernamental
en la contratación de servicios por 2,6 millones de pesos para la visita
presidencial a Bariloche.
La "contratación directa",
especialmente por su excepcionalidad, requiere una evaluación previa de
los dos órganos de control interno: la Contaduría General y la Fiscalía
de Estado. Ninguna de esas estructuras analizó -mucho menos avaló- el
expediente 1487-DAP de la Secretaría General, a cargo de Julián Goinhex.
Estas revisiones contables y legales son centrales para la justificación pública de la urgencia del trámite (que explique este mecanismo de compra), el contrato con determinada empresa y la razonabilidad de los precios. Mal pudo cumplirse con esa supervisión si -directamente- el expediente no llegó a los mismos.
"Río Negro" pudo confirmar que esa documentación recién ingresó a la Contaduría General -que conduce Juan Kohon- el 30 de mayo, cinco días después de la "ejecución" del servicio.
Más alejada aún estuvo la mirada legal. A la Fiscalía de Estado -que encabeza Pablo Bergonzi- arriba cada expediente después de la opinión contable.
Toda contratación directa requiere avales previos de esos organismos. Incluso persiste el requerimiento de dos pases por cada uno, lo cual origina innumerables quejas ministeriales por las demoras. Este expediente evitó esa revisión gubernamental.
Fuentes
técnicas aseguran que el mismo no prosperará como "contratación
directa" porque incumple con una condición básica: el pedido de
autorización llega con posterioridad a la concreción del gasto
requerido. Afirman que en todo caso la opción será el pago por "legítimo
abono", la mayor excepcionalidad al tramitar un desembolso público.
Últimamente, por esa utilización indebida, el Tribunal de Cuentas
acumuló multas y sanciones a ex funcionarios de la gestión radical.
Anoche Goinhex argumentó a "Río Negro" que el envío se demoró al recolectar la documentación -incluyendo las facturas- y dijo que un anteproyecto sí pasó por Fiscalía de Estado, consignando que se incluye un párrafo para la intervención y una auditoría del Tribunal de Cuentas si se considera necesario.
Al margen de eso, la carencia de las inspecciones estatales potencia las dudas.
La "urgencia" puede explicar muchas cuestiones menos su derivación a los órganos de control cinco días después de la ejecución contractual. Allí se debía constatar el cumplimiento de los pasos que expliquen por qué se utilizaba la contratación, por qué la elección de tal empresa y la razón de los precios. No existió tal evaluación.
La ausencia de miradas ajenas fortalece la sospecha. Por caso, el alto costo del alquiler del Teatro La Baita. Goinhex argumentó que "fueron dos días" y además entregó un mail del 22 de mayo de Paula Fenoglio -directora de La Baita- que adjunta un presupuesto que, según figura los folios 115 y 116 del expediente, llega a los 115.000 pesos. Sin embargo, dos meses y medio antes esa locación tenía un presupuesto inferior a los 18.000 pesos, también por dos días. Turismo contrató -a través del expediente 17058-T-2012- ese Teatro para el Congreso del 8 y 9 de marzo. La administradora presupuestó 17.424 pesos sólo por el alquiler y 32.670 pesos por un catering (cuatro breaks), totalizando 50.094 pesos.
Ciertas maniobras en la documental incorpora más confusión. La agencia ADN consignó que la Secretaría General había fijado originalmente "la fecha de presentación y apertura de ofertas para el 22 de mayo" pero luego la fecha fue modificada para el 24 de mayo para "hacer coincidir la convocatoria con el día de publicación".
(AV)
La "contratación directa",
especialmente por su excepcionalidad, requiere una evaluación previa de
los dos órganos de control interno: la Contaduría General y la Fiscalía
de Estado. Ninguna de esas estructuras analizó -mucho menos avaló- el
expediente 1487-DAP de la Secretaría General, a cargo de Julián Goinhex.Estas revisiones contables y legales son centrales para la justificación pública de la urgencia del trámite (que explique este mecanismo de compra), el contrato con determinada empresa y la razonabilidad de los precios. Mal pudo cumplirse con esa supervisión si -directamente- el expediente no llegó a los mismos.
"Río Negro" pudo confirmar que esa documentación recién ingresó a la Contaduría General -que conduce Juan Kohon- el 30 de mayo, cinco días después de la "ejecución" del servicio.
Más alejada aún estuvo la mirada legal. A la Fiscalía de Estado -que encabeza Pablo Bergonzi- arriba cada expediente después de la opinión contable.
Toda contratación directa requiere avales previos de esos organismos. Incluso persiste el requerimiento de dos pases por cada uno, lo cual origina innumerables quejas ministeriales por las demoras. Este expediente evitó esa revisión gubernamental.
Fuentes
técnicas aseguran que el mismo no prosperará como "contratación
directa" porque incumple con una condición básica: el pedido de
autorización llega con posterioridad a la concreción del gasto
requerido. Afirman que en todo caso la opción será el pago por "legítimo
abono", la mayor excepcionalidad al tramitar un desembolso público.
Últimamente, por esa utilización indebida, el Tribunal de Cuentas
acumuló multas y sanciones a ex funcionarios de la gestión radical.Anoche Goinhex argumentó a "Río Negro" que el envío se demoró al recolectar la documentación -incluyendo las facturas- y dijo que un anteproyecto sí pasó por Fiscalía de Estado, consignando que se incluye un párrafo para la intervención y una auditoría del Tribunal de Cuentas si se considera necesario.
Al margen de eso, la carencia de las inspecciones estatales potencia las dudas.
La "urgencia" puede explicar muchas cuestiones menos su derivación a los órganos de control cinco días después de la ejecución contractual. Allí se debía constatar el cumplimiento de los pasos que expliquen por qué se utilizaba la contratación, por qué la elección de tal empresa y la razón de los precios. No existió tal evaluación.
La ausencia de miradas ajenas fortalece la sospecha. Por caso, el alto costo del alquiler del Teatro La Baita. Goinhex argumentó que "fueron dos días" y además entregó un mail del 22 de mayo de Paula Fenoglio -directora de La Baita- que adjunta un presupuesto que, según figura los folios 115 y 116 del expediente, llega a los 115.000 pesos. Sin embargo, dos meses y medio antes esa locación tenía un presupuesto inferior a los 18.000 pesos, también por dos días. Turismo contrató -a través del expediente 17058-T-2012- ese Teatro para el Congreso del 8 y 9 de marzo. La administradora presupuestó 17.424 pesos sólo por el alquiler y 32.670 pesos por un catering (cuatro breaks), totalizando 50.094 pesos.
Ciertas maniobras en la documental incorpora más confusión. La agencia ADN consignó que la Secretaría General había fijado originalmente "la fecha de presentación y apertura de ofertas para el 22 de mayo" pero luego la fecha fue modificada para el 24 de mayo para "hacer coincidir la convocatoria con el día de publicación".
(AV)