En una consulta no vinculante ni obligatoria,
la localidad votó por el No a la instalación de esta actividad a cielo
abierto. Provincia recurrirá a la Justicia. Darío Mattio aseguró que
hubo "anomalías con las boletas".
El diputado provincial advirtió que la consulta popular "sienta
un antecedente muy grave, sedicioso, porque se quiere legislar sobre lo
abstracto".
Neuquén > En un referéndum que fue objetado por el gobierno
provincial por considerarlo inconstitucional, el rechazo a la actividad
minería en Loncopué obtuvo mayoría. La ordenanza municipal que
determinó la prohibición de la explotación de minerales a cielo abierto
cosechó 2.124 votos contra 388 de quienes apoyaban la iniciativa de
aceptar el emprendimiento.
A pesar del resultado, el debate recién comienza, dado que a partir de ahora se abre una nueva instancia de disputa en el ámbito judicial. Ayer, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, adelantó que realizará una presentación ante el TSJ por considerar que existe un conflicto de poderes. “El Concejo Deliberante no tiene facultad de dictar esta ordenanza de un referéndum vinculante y nosotros la semana que viene vamos a presentar una acción ante el TSJ, porque es absolutamente inconstitucional”, afirmó. Gaitán aclaró, además, que la decisión del máximo tribunal de no dar lugar a la medida cautelar que había interpuesto Cormine “no es una conclusión”, dado que no se dijo “que estaba bien lo hecho por el municipio”. El tema refiere al artículo 311 de la Constitución, el cual establece que “el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los Municipios pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan excluidas la materia tributaria y aquellas que no pueden ser objeto de consulta popular vinculante”. A su vez, trascendió que algunos DNI de los votantes habrían sido sellados al momento de sufragar. Por el lado de los que propiciaban la oposición a la actividad minera, Viviana Vaca, líder de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), señaló que al no estar reglamentado el referéndum “El Concejo Deliberante elaboró un código de procedimiento que dice que es vinculante y obligatorio, en base a esto y a la autonomía de los municipios”, dijo y añadió: “El gobernador tendría que estar contento que el pueblo defendió sus derechos y los de la provincia. Nosotros nos manejamos con transparencia, que no se manche el referéndum”. Vaca sostuvo que “con esta ordenanza no empieza ni termina nada, es una herramienta más para decirle a nuestros funcionarios cómo queremos vivir y nos da más fuerza en nuestra lucha”.
Sospechas de fraude El diputado provincial del MPN Darío Mattio expresó que fue “sospechoso el resultado, ya que fue una elección a puertas cerradas, se pergeñó entre pocos escogiendo a quienes votaban y quienes no”. También advirtió que este referéndum sienta un “antecedente muy grave, sedicioso, porque se quiere legislar sobre lo abstracto, dado que el proyecto minero no está dentro del ejido municipal”. Además, dijo que se realizarán “todas las presentaciones ante la Justicia porque hubo fraude electoral, anomalías con las boletas y no se dejó entrar a los fiscales” Indicó que lo que se atribuyó el Concejo Deliberante de Loncopué es “potestad de la Legislatura, por lo que resulta una violación a la Constitución, el referéndum no es vinculante, llamativamente esta ordenanza no fue publicada y se aprovechan de la buena fe de la gente”. Agregó que las presentaciones legales se realizarán hoy y que la discusión sobre la minería “la vamos a seguir dando ya que puede realizarse cuidando el medio ambiente. Estamos en manos de gente que nada le interesa el desarrollo de la provincia y le dan un bofetazo a la Constitución. Solicitaremos la nulidad del acto porque está viciada su legalidad”.
“Atentan contra la Constitución Nacional”
Neuquén > “Estos plebiscitos, se hagan en Neuquén, en San Juan o en cualquier otro punto, son anticonstitucionales porque atentan contra el artículo 14 de la Constitución Nacional que dice que cualquier ciudadano tiene derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita”, afirmó ayer el secretario del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, Mario Capello. Así planteó la postura oficial de esta institución ante el desarrollo de la minería en el país. “Tiene impacto como cualquier otra actividad del ser humano, pero no por eso contamina”, remarcó en declaraciones a La Mañana de Neuquén. El profesional afirmó que en términos legales “la minería fue declarada de utilidad pública por el Código de Minería, el cual está por encima de cualquier ley provincial u ordenanza municipal”. En este contexto, hizo hincapié en el aspecto de la contaminación: “Cuando se hace obra pública, por supuesto que hay impacto, pero no por eso hay contaminación. Lo mismo pasa con la minería”. Agregó que “si estos plebiscitos se hubiesen hecho en la Pampa Húmeda para definir si se plantaba soja o no, no habría en ningún lado porque se dice que contamina, que causa cáncer y que los chicos nacen con problemas”.
Inversiones Asimismo, Capello señaló que “en este momento en Chile hay inversiones previstas por 100 mil millones de dólares en explotación minera y desarrollo de infraestructura, y al mismo tiempo hay explotaciones frutícolas y hortícolas de gran calidad, lo cual desmiente el carácter contaminante de la actividad”. Para Capello, el desarrollo de la minería “es la única alternativa que tienen los pequeños pueblos para lograr el desarrollo y la justicia social”.
A pesar del resultado, el debate recién comienza, dado que a partir de ahora se abre una nueva instancia de disputa en el ámbito judicial. Ayer, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, adelantó que realizará una presentación ante el TSJ por considerar que existe un conflicto de poderes. “El Concejo Deliberante no tiene facultad de dictar esta ordenanza de un referéndum vinculante y nosotros la semana que viene vamos a presentar una acción ante el TSJ, porque es absolutamente inconstitucional”, afirmó. Gaitán aclaró, además, que la decisión del máximo tribunal de no dar lugar a la medida cautelar que había interpuesto Cormine “no es una conclusión”, dado que no se dijo “que estaba bien lo hecho por el municipio”. El tema refiere al artículo 311 de la Constitución, el cual establece que “el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y los Municipios pueden convocar a consulta popular no vinculante sobre decisiones de sus respectivas competencias. El sufragio no será obligatorio. Quedan excluidas la materia tributaria y aquellas que no pueden ser objeto de consulta popular vinculante”. A su vez, trascendió que algunos DNI de los votantes habrían sido sellados al momento de sufragar. Por el lado de los que propiciaban la oposición a la actividad minera, Viviana Vaca, líder de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL), señaló que al no estar reglamentado el referéndum “El Concejo Deliberante elaboró un código de procedimiento que dice que es vinculante y obligatorio, en base a esto y a la autonomía de los municipios”, dijo y añadió: “El gobernador tendría que estar contento que el pueblo defendió sus derechos y los de la provincia. Nosotros nos manejamos con transparencia, que no se manche el referéndum”. Vaca sostuvo que “con esta ordenanza no empieza ni termina nada, es una herramienta más para decirle a nuestros funcionarios cómo queremos vivir y nos da más fuerza en nuestra lucha”.
Sospechas de fraude El diputado provincial del MPN Darío Mattio expresó que fue “sospechoso el resultado, ya que fue una elección a puertas cerradas, se pergeñó entre pocos escogiendo a quienes votaban y quienes no”. También advirtió que este referéndum sienta un “antecedente muy grave, sedicioso, porque se quiere legislar sobre lo abstracto, dado que el proyecto minero no está dentro del ejido municipal”. Además, dijo que se realizarán “todas las presentaciones ante la Justicia porque hubo fraude electoral, anomalías con las boletas y no se dejó entrar a los fiscales” Indicó que lo que se atribuyó el Concejo Deliberante de Loncopué es “potestad de la Legislatura, por lo que resulta una violación a la Constitución, el referéndum no es vinculante, llamativamente esta ordenanza no fue publicada y se aprovechan de la buena fe de la gente”. Agregó que las presentaciones legales se realizarán hoy y que la discusión sobre la minería “la vamos a seguir dando ya que puede realizarse cuidando el medio ambiente. Estamos en manos de gente que nada le interesa el desarrollo de la provincia y le dan un bofetazo a la Constitución. Solicitaremos la nulidad del acto porque está viciada su legalidad”.
“Atentan contra la Constitución Nacional”
Neuquén > “Estos plebiscitos, se hagan en Neuquén, en San Juan o en cualquier otro punto, son anticonstitucionales porque atentan contra el artículo 14 de la Constitución Nacional que dice que cualquier ciudadano tiene derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita”, afirmó ayer el secretario del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, Mario Capello. Así planteó la postura oficial de esta institución ante el desarrollo de la minería en el país. “Tiene impacto como cualquier otra actividad del ser humano, pero no por eso contamina”, remarcó en declaraciones a La Mañana de Neuquén. El profesional afirmó que en términos legales “la minería fue declarada de utilidad pública por el Código de Minería, el cual está por encima de cualquier ley provincial u ordenanza municipal”. En este contexto, hizo hincapié en el aspecto de la contaminación: “Cuando se hace obra pública, por supuesto que hay impacto, pero no por eso hay contaminación. Lo mismo pasa con la minería”. Agregó que “si estos plebiscitos se hubiesen hecho en la Pampa Húmeda para definir si se plantaba soja o no, no habría en ningún lado porque se dice que contamina, que causa cáncer y que los chicos nacen con problemas”.
Inversiones Asimismo, Capello señaló que “en este momento en Chile hay inversiones previstas por 100 mil millones de dólares en explotación minera y desarrollo de infraestructura, y al mismo tiempo hay explotaciones frutícolas y hortícolas de gran calidad, lo cual desmiente el carácter contaminante de la actividad”. Para Capello, el desarrollo de la minería “es la única alternativa que tienen los pequeños pueblos para lograr el desarrollo y la justicia social”.