hugo grimaldi DyN
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, asumieron ayer el rol de dos extraños que llegaron de improviso al planeta K a tratar de salvar la crisis con los uniformados.
Sin ponerse colorados, ambos afirmaron en una conferencia de prensa que descubrieron ("nos encontramos", dijo el ministro de Economía) un "desquicio administrativo" en las pautas de liquidación de gendarmes y prefectos, llenas de "discrecionalidades" y "arbitrariedades".
En sus largas exposiciones, los dos colaboradores de la Presidenta defendieron el Decreto 1307 destinado a complementar y blanquear lo que Lorenzino no tuvo más remedio que reconocer que eran ingresos "en negro", es decir sin aportes jubilatorios ni para obras sociales.
Sobre el final y debido a una pregunta del periodismo, Abal Medina tuvo que abordar lo que habían evitado decir durante más de una hora, ya que la aparición pública de ambos no era para atender "petitorios", dijo. "Es imposible", afirmó en relación al mínimo de $ 7.000 que reclamaban los suboficiales.
En términos prácticos, ambos prometieron un gaseoso arreglo para el mes próximo, prácticamente "caso por caso" y buscaron justificar el recorte de salarios de la última liquidación, producto del nuevo ingreso "en blanco, remunerativo y bonificable". Y quizás lo consiguieron, una vez más a costa del conocido artilugio kirchnerista de trasladarle siempre las responsabilidades a los demás.
Así, en la conferencia de prensa se acusó como responsables de la situación a los estudios jurídicos que montaron "la industria del juicio", lo que derivó en graves desajustes de sueldos entre uniformados "judicializados –los de arriba– y no judicializados".
Para patear culpas, hasta se castigó la necesidad de muchos suboficiales de conseguir préstamos a "tasas usurarias" para cubrir las necesidades de bolsillo que, desde ya, impactan en "la columna del debe del recibo", dijo el ministro Lorenzino, como si fuese un pecado tomar un crédito, a la hora de pagar las cuotas.
Este "ambiente de distorsión", que al parecer los dos descubrieron recién ahora, se coronó con el traslado de la gran imputación de todo el proceso que se está viviendo hacia los tiempos de Carlos Menem y Domingo Cavallo en los odiados 90, a quienes se sindicó como los gestores primigenios de los "adicionales no remunerativos".
Desde ya, que en la exposición nunca se reconoció que durante la era kirchnerista se agregaron algunos ítems más a la cuenta de desvíos, fundamentalmente para castigar a los retirados, quienes así no podían aspirar al ajuste que tienen sus ingresos con el grado similar en actividad. Esta distorsión también generó el revoloteo de muchas aves negras.
Pero, aun creyéndoles y aunque no se hubieran sumado nuevos desequilibrios a la situación en los últimos tiempos... Nueve años para arreglar tanto dislate, ¿no les parece demasiado, ministros?