El planteo lo hicieron ayer una sargenta ayudante y una cabo primera que acusaron a un subcomisario que trabajaba en el barrio Melipal. "Agotamos todas las instancias para pedir ayuda", remarcaron.
Por el hecho hay dos investigaciones en marcha: la de la Justicia Penal y la interna que realiza la fuerza.
Neuquén > Dos mujeres policías que denunciaron a un subcomisario por abuso sexual, maltrato y persecución laboral en la Comisaría 21 manifestaron que "temen perder su trabajo" por haber hecho trascendender lo sucedido. El planteo lo hicieron ayer ante los medios de comunicación frente a Casa de Gobierno.
Ambas plantearon que tanto la investigación administrativa que lleva la fuerza, como la que realiza la Justicia provincial en el fuero Penal, tuvo pocos avances en lo que va del año. Todavía esperan el fallo del plenario administrativo y que el acusado sea llamado a indagatoria.
La denuncia fue realizada en agosto de 2011 ante la Fiscalía y en Asuntos Internos de la Policía. Acusaron al subcomisario Daniel Paz.
“Buscaba el momento y el lugar, donde no hubiera nadie, para poder aprovecharse y tocarte. Yo siempre me defendí, que quede claro”, advirtió Graciela Mansilla (46). Su compañera Verónica Garrido (32) dijo compartir la misma situación.
“Un día me cansé. Le conté a ella, me di cuenta que le pasaba lo mismo y lo denunciamos juntas”, recordó. Eso fue el 12 de agosto de 2011.
Desde entonces dicen haber agotado todas las instancias, sin obtener respuesta. “No nos creen, en la institución no nos creen”, aseguró la cabo primera Garrido. “Escucharon una sola campana, la campana de Paz, porque es subcomisario”, agregó Mansilla, sargenta ayudante.
Las dos son madres y trabajaron juntas en la oficina administrativa de la seccional 21. La primera lleva siete años en la Policía, y la segunda 20.
Durante un año estuvieron con certificado postraumático y, dijeron, tuvieron que pagar el tratamiento con dinero propio. La ART no se lo cubrió.
Además, denunciaron que recibieron amenazas telefónicas, persecuciones y reducción de salario.
El 5 de agosto Graciela retomó su trabajo y fue trasladada a la División Central Administrativa y Fuerza Pública. Un mes después lo hizo Verónica. A ella la mandaron a la Comisaría 19, y su situación es otra, ya que está de nuevo con certificado.
“Logramos volver al trabajo, pero después son todas piedras en el camino”, indicó la cabo primero.
La mayor preocupación
En noviembre se reúne la Junta de Clasificación y temen perder su trabajo. Esta es su mayor preocupación.
“Si estamos acá es porque agotamos todas las instancias para pedir ayuda al jefe y subjefe”, expresaron. “Lo único que hicimos fue denunciar una verdad, y por hacerlo dentro de un trabajo, que no es cualquier trabajo, sufrimos todo tipo de persecuciones”, dijo Verónica.
También reclamaron que la ART cubra el tratamiento que siguen y que hace más de un año afrontan con dinero propio. “Más de cinco médicos nos certificaron estrés postraumático laboral”, sostuvo Graciela.
Pocos avances
La denuncia hizo lugar a un sumario administrativo y a una causa penal que tramita en el Juzgado de Instrucción Tres a cargo de Marcelo Muñoz.
La abogada Marianina López Raggi, que asiste a las víctimas, junto a Ricardo Mendaña, informó que todavía no se conoce el fallo del plenario administrativo que se realizó el pasado 29 de agosto, puertas adentro de la institución. En este plenario, recordó, el fiscal pidió 15 días de suspensión para el subcomisario acusado.
Por otro lado está la causa penal. “Se trabaja para que sea llamado a indagatoria”, indicó. Mientras, el subcomisario presta servicio en Zapala.