También reclamaron que se "racionalice y ordene el gasto público"
NEUQUÉN (AN).- Entidades empresarias y de Comercio de Neuquén reclamaron ayer terminar con los cortes de ruta y que se "adopten medidas concretas que pongan fin a la extorsión permanente que ejerce un grupo de gremios (o sus dirigentes) para el logro de sus objetivos". Y además –mediante un documento– rechazaron el fallo de la justicia que absolvió a dos dirigentes de ATEN y solicitaron al gobernador Jorge Sapag que "racionalice y ordene" el gasto público para evitar "el colapso financiero".
El escrito sellado en la sede de la cámara Acipan advierte entre otras cosas que "la situación fiscal de la provincia es complicada, por cuanto el resultado financiero negativo se incrementará en casi ocho veces en el período 2007/201, consideración que se agrava si tenemos en cuenta que la masa salarial ha crecido casi tres veces (298%) en igual lapso", indicaron empresarios y comerciantes. Y en esa línea agregan que "los incrementos salariales desde el 2007 hasta el mes de julio del 2012 han superado el ingreso per cápita provincial, manteniendo e incrementando el poder de compra del salario".
Con respecto a los cortes de ruta, reclamaron acciones para terminar con los mismos y consideraron que a través de los piquetes se "excede ampliamente el marco del derecho constitucional de peticionar y manifestarse para afectar directamente a la población en sus derechos de circular, trabajar, estudiar, ejercer el comercio y, en síntesis, el ejercicio de la libertad en el marco de la ley. Pedimos al Estado adopte las medidas necesarias para erradicar esta perjudicial hábito de reclamo que afecta severamente el funcionamiento pacífico de una sociedad que necesita fundamentalmente trabajar en paz y concordia en búsqueda de los consensos".
En el documento expresaron, además, su "asombro" por la decisión del fiscal Ariel García Lois quien no acusó a dos dirigentes que encabezaron un corte en los puentes. "(...) un fiscal de la Justicia Federal ha reconocido como delito probado el cometido por dos dirigentes sindicales (...), y lo convierte en impune por lo que expone como 'estado de necesidad exculpante'. Introduce así en la escena social el peligroso antecedente de que cualquiera (...) que en definitiva todo aquel que no logra por medios legítimos lo que considera un fin deseable, pueda llevar a cabo medidas como las citadas que constituyen un delito según lo normado por el Código Penal",.
"Nos preocupa especialmente que aquel funcionario en el que la sociedad ha depositado la facultad de perseguir el incumplimiento de la ley penal, se arrogue la facultad de decidir por su cuenta la aplicación de la política de la transgresión, como mecanismo del logro de objetivos de grupo", dijeron.