Dos firmas brasileñas iniciaron juicio por el corte de suministro de gas en el 2004. El reclamo de estas empresas asciende a los 1.630 millones de dólares.
BUENOS AIRES.- A las presiones políticas que se encuentra sometida YPF luego de su estatización se le sumó el viernes un duro revés legal en los tribunales internacionales que podría implicar el pago de una indemnización a dos empresas brasileñas a las cuales, en medio de la crisis energética, les cortó el suministro de gas por una orden del gobierno kirchnerista. La Cámara de Comercio Internacional con sede en París (CCI) falló en contra de YPF y la hizo "responsable" de haber rescindido hace cuatro años el contrato de exportación de gas que se había firmado en 1999 para abastecer a la central térmica de Uruguayana.
Así lo confirma el diario Clarín en su edición "online" en donde se destaca que tras haberle dado la razón a las demandantes –AESU (la propietaria de la usina) y TGM (la operadora del gasoducto binacional)–, ahora el organismo internacional deberá definir el monto indemnizatorio que tendrá que pagar la petrolera comandada por Miguel Galuccio.
La demanda conjunta de las empresas AESU y TGM asciende a 1.630 millones de dólares.
El fallo desfavorable para YPF salió aprobado por mayoría de un tribunal arbitral que integraron dos letrados argentinos –Roque Caivano y Alejandro Garro– y la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, exdirectiva del banco privado UBS.
Se espera que YPF apele a esta determinación aunque oficialmente desde la empresa no emitieron opinión sobre el tema.
La historia de este caso, que promete afectar las finanzas y el cada vez más lejano acceso al financiamiento externo de YPF, se remonta a fines de la década de los 90. En ese entonces, la petrolera –que estaba en manos de Repsol– suscribió un contrato de exportación de 2,4 millones de metros cúbicos de gas diarios para abastecer a la central térmica de 560 MW, que habían instalado AESU y TGM en la ciudad brasileña de Uruguayana.
Luego de cinco años de haber cumplido con los suministros en forma normal, los problemas comenzaron partir del 2004.
Por la crisis energética derivada de la falta de inversiones en exploración y deficitaria producción de gas, la administración kirchnerista decidió restringir las exportaciones de ese combustible a los países vecinos para destinar esa oferta al mercado interno, que ya comenzaba a mostrar desequilibrios entre su oferta y su demanda. La poda parcial que comenzó a aplicar la petrolera le impidió a la usina generar a pleno y cumplir con contratos que tenía firmados con Argentina y Brasil.
En el 2009, la conducción de YPF –que ya estaba a cargo del grupo Eskenazi, el socio local había adquirido el 25% de la petrolera con el aval del gobierno– resolvió rescindir por completo el contrato con la usina y la transportadora.
Tras esa medida, AESU (de la norteamericana AES y la brasileña Sulgas) y TGM (que controlan Techint y la francesa Total) demandaron a YPF por los daños y perjuicios que sufrieron a raíz de los cortes de gas.
De manera inmediata las empresas presentaron una demanda ante la CCI, donde se solicita un arbitraje internacional. Ese tribunal tiene sede en París y es el que acaba de fallar en contra de Argentina, asegurando que las dos empresas tienen razón.
En el fallo no se mencionan los montos de la indemnización que debe pagar YPF, pues la cifra se conocerá en una segunda etapa del proceso.