La decisión la tomó el CPE y fue ratificada por el gobernador Jorge Sapag a través de un decreto. Además, cesantearon a otras dos maestras por adulterar la declaración y no justificar ausencias.
Neuquén > Una docente fue despedida de su cargo luego que el Consejo Provincial de Educación (CPE) comprobó que falsificó certificados médicos con la firma de dos profesionales. La decisión fue tomada por el cuerpo colegiado del organismo provincial, que decidió exonerarla y así impedir que trabaje nuevamente como empleada provincial y ejercer la docencia en el ámbito público. Además, el CPE cesanteó a otras dos maestras por cinco años debido a falsificación de datos en un caso y faltas injustificadas en otro .
La mujer echada se desempeñaba como asesora pedagógica en el CPEM Nº 65 de Junín de los Andes. Según establece la Resolución 0857 del 6 de agosto de 2010, la docente se ausentó durante tres días en 2009 y luego justificó las inasistencias a través de un certificado médico. Al año siguiente, presentó otro certificado psicológico con la firma de un especialista de Neuquén.
Tras una denuncia anónima, el CPE comenzó en 2010 una investigación para determinar la legalidad y legitimidad de los certificados médicos presentados por la docente. Ese año, la mujer presentó un descargo presuntamente formulado por una doctora. En este contexto, el CPE concurrió al consultorio de la profesional, quien negó haberle extendido los certificados que se le exhibieron y hasta detalló que había un error en el número de su matrícula provincial.
En el caso del certificado psicológico, el profesional indicó que el certificado presentado tenía un membrete diferente al habitual, tenía la firma falseada, estaba mal escrito su apellido, la redacción era poco objetiva y sin consideraciones propias de un especialista y “tenía un período de licencia arbitrario y contrario a normas habituales sin codificación, diagnóstico, matrícula nacional y domicilio”.
“Se solicitaron peritos caligráficos que constataron esta falsedad de las firmas”, explicó Fernando Román, asesor legal del CPE.
Durante el tiempo en el que se extendió el sumario, la mujer fue separada de su cargo y reubicada en otra institución. En ese contexto presentó un recurso donde argumentaba que la acción violaba su defensa en juicio y donde pretendía que la directora de la secundaria en la que fue reubicada declarara en su favor. El recurso fue considerado impertinente a la causa.
Tras la investigación, el Cuerpo Colegiado y la Junta Disciplinaria del Consejo determinaron aplicar la máxima sanción prevista en el Estatuto Docente: la exoneración. “La exoneración la excluye de la administración pública. La única excepción es el perdón administrativo por parte del gobernador”, sostuvo el abogado. Tras la decisión del CPE, el gobernador Jorge Sapag ratificó la exoneración a través del Decreto Nº 655, con fecha 3 de mayo. Según lo establecido, la normativa le da fin al proceso. Si bien hay antecedentes en 2010 y 2011, no es usual que se decrete la exoneración de un empleado provincial.
Román detalló que un sumario administrativo puede durar varios años hasta que se resuelva. “El proceso es bastante largo porque tienen que estar dadas todas las garantías. Hay un período de prescripción de dos años que se extiende a cinco en los casos donde hay un perjuicio fiscal contra la provincia”, explicó Román.