La prórroga de la emergencia económica y financiera ya es realidad. El gobernador Weretilneck la ratificó mediante un decreto/ley hasta el 31 de diciembre del año en curso.
El gobernador Alberto Weretilneck prorrogó la emergencia económica y financiera de Río Negro. Este instrumento –que ya se extiende por 18 años en la provincia– se justifica en que constituye "el único medio idóneo" de un Estado "para superar una situación de cesación de pagos, resultante de una crisis estructural de la economía nacional y provincial". Así se fundamenta la continuidad de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2013, formalizado por el decreto/ley N° 3, publicado ayer en el Boletín Oficial. También se difunde el decreto N° 1.976 que convoca a sesiones extraordinarias a la Legislatura para el tratamiento de la mencionada prórroga.
El año pasado, la Legislatura asumió un fuerte debate por el cese de la emergencia, que se originó en un proyecto presentado por diputados del senador Miguel Pichetto para la eliminación de la legislación del pase a disponibilidad de los agentes públicos. Luego, el gobernador respondió con una iniciativa propia de cesación parcial de la emergencia, solamente destinada a la derogación de ese instrumento de "transparencia laboral" y desplazar al sector opositor en el propósito político de su conclusión.
En concreto, el 21 de setiembre pasado, la Legislatura sancionó la ley 4.790 que "determinó el cese de la emergencia institucional, administrativa, social, educativa y sanitaria" pero "nada dijo respecto de la situación económica-financiera provincial", precisa la nueva norma.
Este Estado de crisis está formalizado en la ley 2.881 del 30 de junio de 1995, la cual establece "medidas de excepción como la afectación de los recursos originados en la coparticipación federal de impuestos y/o regalías o hidroeléctricas" y también prevé la "unificación de los fondos de todos los organismos, sociedades del estado y demás entidades del Estado provincial, cualquiera fuera el origen de los recursos".
El objetivo
Se asegura que el "objetivo buscado es garantizar la protección del estado de derecho, los derechos esenciales de los individuos y la continuidad de los servicios básicos del Estado, tales como educación, salud, justicia y seguridad".
Además, los argumentos consignan que la legislación de emergencia conforma "el único medio idóneo del Estado provincial para superar una situación de cesación de pagos, resultante de una crisis estructural de la economía nacional y provincial que al amenazar el sistema económico, también afecta a los derechos contenidos en aquel". Agrega que "el gobierno viene realizando una política tendiente a revertir"esta situación "a corto plazo" pero depende "su éxito de las variables económicas del estado Nacional", por lo cual, "no queda otro camino que mantenerla hasta que se logre las condiciones objetivas que permitan su creación". (AV)