Nada nuevo este comportamiento nacional, corroborado esta vez por una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. La mitad de los argentinos violaría la ley en ciertas ocasiones y piensa que "hay que adaptarse a la ilegalidad para sobrevivir".
La última encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano muestra un incremento en la percepción de la corrupción en el último lustro. Para subrayar de este estudio:
* El 48% de los encuestados violaría la ley en ciertas ocasiones, mientras que la mitad de los consultados admitieron que participarían de un acto de corrupción si el beneficio económico es alto.
* El 55% aceptaría a "un político que mejore la economía o solucione los problemas del país y al mismo tiempo sea corrupto". Un 40% lo rechazaría.
* Los argentinos piensan que la corrupción "es endémica" y "está extendida a todos los ámbitos públicos". Para el 56% el nivel es "alto", mientras que un 29% sostienen que es "medio".
* 7 de cada 10 ciudadanos afirman que los corruptos deberían ir presos y no tendrían que poder acceder a cargos públicos de por vida.
Una de las preguntas cuyas respuestas más contrastaron con las de años anteriores es la de si conoce a alguien que tenga un cargo público y cobre sin trabajar, es decir, a un "ñoqui". Mientras que en 2008 el 27% había dicho que sí, este año respondió de ese modo el 53 por ciento.
Hay dos cuestiones del sondeo directamente ligadas a las elecciones de octubre. En primer lugar, el 51% cree en "la versión que afirma la existencia de bóvedas para guardar dinero en la casa de Cristina Fernández y/o en el mausoleo de Néstor Kirchner". En tanto, la mitad de los argentinos también opina que los casos de corrupción impactarán en los comicios legislativos.
La encuesta demostró que los ciudadanos tienden a aceptar las violaciones de la ley. En este sentido, el 46% cree que "hay que adaptarse a la corrupción para sobrevivir", el 60% piensa que es "aceptable" pagar una coima para evadir impuestos, el 50% cometería un acto de corrupción y sólo el 52 por ciento de las personas apoya el principio de que "la ley debe respetarse sin excepciones".