El reclamo de los desocupados lleva ocho días.
Hay negociaciones para evitar el uso de la fuerza.
NEUQUÉN (AN).- La Policía ya recibió la orden de la Justicia para desalojar la Ruta 22 a la altura de Senillosa, pero al cierre de esta edición se aguardaba que las negociaciones con los manifestantes prosperaran para evitar ejecutar la medida judicial, informaron fuentes de la institución.
La jornada de hoy se plantea como decisiva para el conflicto que ya se encuentra en su noveno día.
En el lugar, un grupo de sesenta desocupados mantienen cortada la ruta nacional en el extremo oeste del casco urbano de Senillosa, ciudad que es un paso obligado para acceder a los principales destinos turísticos provinciales.
De hecho el conflicto tuvo su punto más álgido el pasado domingo cuando los desocupados resolvieron cortar la ruta justo cuando la gente volvía de las mini vacaciones de Semana Santa. Esto produjo largas colas y demoras de más de cuatro horas. El grupo piquetero sólo permitía que los autos se desviaran por caminos internos mientras que camiones y colectivos soportaban sobre el asfalta que se habilitara el paso.
En medio de ese caos se conoció que los desocupados reclaman su incorporación en las empresas que realizan tareas en Senillosa. Su argumento se basa en una ordenanza municipal que obliga a las firmas privadas a contratar en forma prioritaria mano de obra local. Mientras las autoridades municipales estudian el tema, la fiscal Gloria Lucero acudió el lunes al corte para interiorizarse de la situación. Ayer se supo que la fiscal le había pedido a Marcelo Benavídes, titular del Juzgado de Instrucción Nº 5, que ordene el desalojo de la ruta.
Este medio intentó obtener una respuesta de parte de la Justicia sobre la resolución que se tomó pero sólo hubo silencio. No obstante fuentes policiales confirmaron que en la tarde de ayer se recibió la orden de desalojo pero se aguardaba que culminara una nueva instancia de negociación que se había abierto con los manifestantes.
De no prosperar un acuerdo, para la salida pacífica de la ruta, la policía estaría en condiciones de cumplimentar la medida judicial y proceder al desalojo.
Al cierre de la edición había mucha tensión tanto en los pasillos de la policía como de la Justicia ya que el último desalojo violento que se produjo en la provincia fue en abril de 2007. En esa ocasión un grupo de docentes que cortaba la Ruta 22 a la altura de Arroyito fue desalojado en forma violenta.
En medio de corridas el cabo José Darío Poblete asesinó al docente Carlos Fuentealba, hecho por el cual el ex policía se encuentra cumpliendo una condena por homicidio.
Hay negociaciones para evitar el uso de la fuerza.
NEUQUÉN (AN).- La Policía ya recibió la orden de la Justicia para desalojar la Ruta 22 a la altura de Senillosa, pero al cierre de esta edición se aguardaba que las negociaciones con los manifestantes prosperaran para evitar ejecutar la medida judicial, informaron fuentes de la institución.
La jornada de hoy se plantea como decisiva para el conflicto que ya se encuentra en su noveno día.
En el lugar, un grupo de sesenta desocupados mantienen cortada la ruta nacional en el extremo oeste del casco urbano de Senillosa, ciudad que es un paso obligado para acceder a los principales destinos turísticos provinciales.
De hecho el conflicto tuvo su punto más álgido el pasado domingo cuando los desocupados resolvieron cortar la ruta justo cuando la gente volvía de las mini vacaciones de Semana Santa. Esto produjo largas colas y demoras de más de cuatro horas. El grupo piquetero sólo permitía que los autos se desviaran por caminos internos mientras que camiones y colectivos soportaban sobre el asfalta que se habilitara el paso.
En medio de ese caos se conoció que los desocupados reclaman su incorporación en las empresas que realizan tareas en Senillosa. Su argumento se basa en una ordenanza municipal que obliga a las firmas privadas a contratar en forma prioritaria mano de obra local. Mientras las autoridades municipales estudian el tema, la fiscal Gloria Lucero acudió el lunes al corte para interiorizarse de la situación. Ayer se supo que la fiscal le había pedido a Marcelo Benavídes, titular del Juzgado de Instrucción Nº 5, que ordene el desalojo de la ruta.
Este medio intentó obtener una respuesta de parte de la Justicia sobre la resolución que se tomó pero sólo hubo silencio. No obstante fuentes policiales confirmaron que en la tarde de ayer se recibió la orden de desalojo pero se aguardaba que culminara una nueva instancia de negociación que se había abierto con los manifestantes.
De no prosperar un acuerdo, para la salida pacífica de la ruta, la policía estaría en condiciones de cumplimentar la medida judicial y proceder al desalojo.
Al cierre de la edición había mucha tensión tanto en los pasillos de la policía como de la Justicia ya que el último desalojo violento que se produjo en la provincia fue en abril de 2007. En esa ocasión un grupo de docentes que cortaba la Ruta 22 a la altura de Arroyito fue desalojado en forma violenta.
En medio de corridas el cabo José Darío Poblete asesinó al docente Carlos Fuentealba, hecho por el cual el ex policía se encuentra cumpliendo una condena por homicidio.