Desde su creación, el programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social benefició a 2.255 emprendimientos de toda la provincia. El objetivo es posibilitar mejoras progresivas a la población que no puede acceder al sistema financiero tradicional.
El ministerio de Desarrollo Social, a través del Consorcio de Gestión Asociada para el Desarrollo Local que preside la dirección provincial de Planeamiento de Políticas Sociales, entregó 3.692.507,99 pesos destinados a microcréditos y re créditos para el desarrollo de la economía social.
Desde su creación, el programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social benefició a 2.255 emprendimientos de toda la provincia. El objetivo es posibilitar mejoras progresivas a la población que no puede acceder al sistema financiero tradicional.
Los fondos pertenecen a la Comisión Nacional de Microcrédito (Conami) que fue creada por la ley Nº 26117 para implementar el Programa Nacional de Microcrédito para la Economía Social.
Según un informe presentado en septiembre por la cartera a cargo de Alfredo Rodríguez, durante el período 2010-2013, el consorcio financió 2.255 emprendimientos esparcidos en toda la provincia. Los créditos han tenido más del 90 por ciento de devolución, lo que permite volcarlo nuevamente en el sistema.
El ministro Rodríguez explicó que “la economía social se define como un sistema de relaciones económicas y sociales que posibilitan, en un marco de solidaridad y de reciprocidad, la conformación de diversas formas de organización para la producción económica y comunitaria”.
“Este nuevo paradigma, promueve el desarrollo de un nuevo actor económico como sujeto de derecho; es participativa y democrática, promueve la autonomía de las personas, basándose en la cooperación y la ayuda mutua, trascendiendo la mera obtención de ganancias materiales; buscando la igualdad de oportunidades, la inclusión y la mejora de la calidad de vida”, agregó.
El programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social fue lanzado oficialmente a fines de junio de 2009, en el marco de la ley nacional Nº 26117, a la cual la Provincia del Neuquén adhirió a través de la ley 2619.
El responsable de la implementación es el Consorcio de Gestión Asociada para el Desarrollo Local -integrado también por el ministerio de Desarrollo Territorial (Copade), el ministerio de Economía y Obras Públicas, la Legislatura y la Red de Bancos Populares-, que preside la cartera Social con el objetivo de posibilitar mejoras progresivas a la población que no puede acceder al sistema financiero tradicional.
El microcrédito consiste en un préstamo cuyo monto máximo no excede una suma equivalente a los doce salarios mínimo, vital y móvil, que se entrega en forma escalonada, destinados a financiar la iniciación o continuidad de actividades de emprendimientos individuales o asociativos de la economía social, productivos, comerciales o de servicios, en vista al logro de economías de escala progresivas para hacer sustentables esos proyectos en el tiempo.
Como parte de la implementación del Programa de Microcréditos, el Consorcio en el período 2012-2013 firmó convenios con 14 organizaciones de la sociedad civil, que ejecutaron los fondos en las localidades de Piedra del Águila, Plottier, Centenario, San Patricio del Chañar, Las Lajas, San Martín de los Andes, El Cholar, Zapala, Senillosa, Neuquén, Plaza Huincul y Chos Malal.
El ministerio de Desarrollo Social, en el marco del Plan Estratégico Provincial, trabaja además en el diseño de un programa provincial de economía social. A través del mismo se pretende abordar la temática de forma integral y articular las distintas acciones que desarrollan en la provincia distintos actores gubernamentales y no gubernamentales.
Este programa se estructurará sobre los ejes de la conformación de un sector de la Economía Social institucionalizado, que impulsa una ley marco de la economía social; actores de la economía social incorporados a un sistema de formación, a través de capacitación específica a gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y emprendedores; líneas de financiamiento desarrolladas, para fortalecer las micro finanzas solidarias y otras formas de financiamiento de pequeños emprendimientos; y estrategias de comercialización de productos y servicios, a fin de generar formas de comercialización basadas en los principios del comercio justo: la equidad social, la protección medioambiental y la seguridad económica.