En
ocasión del Día del Trabajador Agrario y de la Mujer Rural, bajo el
lema Somos Trabajadores, Tenemos Derechos, el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios realizará en todo el territorio
argentino, a través de sus diferentes delegaciones provinciales,
distintas actividades festivas vinculadas a la difusión y promoción de
derechos y prestaciones del Organismo, registración y capacitaciones
laborales para el sector en el marco del Nuevo Régimen de Trabajo
Agrario.
El
Estatuto del Peón Rural aprobado en octubre de 1944 y su impulsor, el
General Perón, significaron un quiebre normativo y simbólico
trascendental en la historia política de nuestro país.
El
Estado Nacional por primera vez establecía que detrás de esos cuerpos
que sembraban, cosechaban, arriaban y hacían otras tantas tareas había
sujetos de derecho, hombres y mujeres que debían recuperar parte de la
dignidad tantas veces negada. De esta manera también ponía en tensión a
los discursos que legitimaban esas relaciones de explotaciones con
argumentos que naturalizaban lo injusto y precario.
Los
golpes de estado antipopulares de nuestro país revirtieron ese proceso
institucional, al mismo tiempo, que se encargaron de “actualizar”
aquellos argumentos en los que la explotación laboral de los
trabajadores agrarios parecía ser una situación a la que había que
resignarse.
Nuevamente
todo parecía ser culpa del proceso productivo de la producción agraria y
del espacio rural, presentados como excepcionales, sujetos a
contingencias imprevistas y a patrones culturales tan distintos a los de
las restantes actividades económicas que obligaban a “tolerar” leyes
particulares. Lo que no se decía, pero quedaba claro, es que con esa
excusa, los trabajadores agrarios de nuestro país, volvieron a ser
considerados trabajadores de segunda categoría. La ley 22.248 propiciada
por la Dictadura militar en el año 1980 ejemplifica de manera cabal
esta concepción que naturaliza la explotación.
En
diciembre de 2011, por iniciativa de la Presidenta Cristina Fernández
de Kirchner se sanciona la ley 26.727 que recupera lo mejor de los
antecedentes normativos anteriores y regula en sentido protectorio a un
conjunto de particularidades del trabajo agrario (como la jornada de
trabajo, el trabajo adolecente, la intermediación laboral, las licencias
y jubilaciones, las modalidades de contratación, entre otras tantas
cosas). Asimismo crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (RENATEA), como garante del cumplimiento de la Nueva Ley de
Trabajo Agrario y encargado entre otras funciones de emitir la Libreta
del Trabajador Agrario y prestar el Seguro de desempleo y el Seguro por
Sepelio.
El
aspecto más importante de esta ley, es que el trabajador agrario deja
de ser considerado un trabajador de segunda, equiparando su situación a
la de los trabajadores de las demás ramas productivas. El trabajador
agrario es nuevamente sujeto de derecho. Las particularidades de la
actividad servirán de ahora en más para proteger aún más el empleo y no
para precarizarlo como había sido hasta ese momento.
El
proceso de equiparación seguramente será largo. Los niveles de
precariedad siguen siendo de los más altos del país. El primer paso está
dado, contamos con la ley y hemos recuperado las instituciones que la
ponen en práctica. Resta un camino arduo para lograr neutralizar esos
argumentos que han legitimado y naturalizado los atropellos contra los
trabajadores agrarios de este país.