Auditoría del Tribunal de Cuentas rionegrino detectó irregularidades. Abogados cobraron $ 19 millones pero no se sabe si cumplieron. Unos 80 agentes podían ingresar a la red informática y cambiar datos.
Una compleja y voluminosa auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de Río Negro en la Dirección General de Rentas de la Provincia consignó una serie de irregularidades que involucran a funcionarios y metodologías de la anterior gestión gubernamental radical y que en alguna medida continúan teniendo efectos durante la actual administración. El período auditado fue el 2011, pero la pesquisa indagó en el trámite dado a carpetas de deudores que provenían de varios años atrás.
Entre las observaciones del Tribunal de Cuentas figura que la DGR no tenía un organigrama aprobado por el Ejecutivo provincial y tampoco llevaba registro de actas de las reuniones del órgano de coordinación de políticas fiscales; que unos 80 empleados de Rentas poseían permisos para intervenir en los sistemas informáticos y modificar transacciones críticas, como ajustes administrativos, compensaciones manuales, alta, baja y modificación de exenciones y excepciones, ingreso individual de pagos definitivos, alta y modificación de juicios; que se alquiló un local para instalar un call center en un área en que Telefónica no poseía líneas adecuadas para hacerlo; y que durante diez años se contrató a los mismos dos profesionales de Buenos Aires para controlar a contribuyentes del Convenio Multilateral y operatorias de Exportación, sin que realizaran nunca esta última tarea y sin que conste documentación de cómo se calculó el pago de los 19 millones de pesos que recibieron de honorarios puesto que no figura qué beneficio recaudatorio obtuvo Rentas de su labor.
El call center
Dos expedientes separados tramitó Rentas para la instalación de un call center en Viedma, y esa multiplicidad fue la primera observación que formuló el Tribunal de Cuentas.
Según manifestó, el call center se puso en marcha el 6 de octubre de 2011 en una oficina de Rentas situada en 25 de Mayo 99 de Viedma.
La siguiente observación fue por la contratación directa en alquiler del local de la empresa Nica SC para que funcionaran el call center, el soporte técnico, la imprenta, la cochera y el depósito. Esa contratación supuso casi un millón de pesos por tres años –con un alquiler mensual de $ 21.000 el primer año, $ 26.000 el segundo y $ 32.500 el tercero–.
Un par de meses después de alquilado, el Tribunal no pudo inspeccionar el inmueble, del cual no consta plano en el expediente, por estar cerrado, aparentemente desocupado y con los vidrios tapados. Ante la falta del call center –cuya instalación había motivado el alquiler– la consulta tuvo como respuesta de Rentas que se había cambiado el destino del inmueble porque Telefónica no poseía en el lugar un tendido de fibra óptica que permitiera su funcionamiento.
El Tribunal de Cuentas objetó la "imprevisión" del accionar administrativo, por no haber consultado antes en Telefónica.
En el inmueble alquilado funcionó durante más de un año sólo un depósito y cochera, y luego se instaló la Delegación Viedma de la Agencia de Recaudación.
Los sistemas de Altec
En el informe de la auditoría, el Tribunal de Cuentas formuló varias críticas a los sistemas informáticos que proporciona la firma estatal Altec. Reveló que no existe un sistema que registre automáticamente la caducidad de los planes de pago, ni tampoco uno que permita controlar si las retenciones declaradas por los agentes de retención se corresponden con los créditos respectivos declarados por los contribuyentes.
Respecto del mantenimiento del portal web, que también realiza Altec SE, señaló que Rentas no acreditó la razonabilidad del precio de la contratación, ya que no consta que se hayan comparado precios con empresas que realicen similar tarea ni con otros software.
Convenio Multilateral
con dudas
El Tribunal de Cuentas observó que desde el 2002 se contrató a las mismas dos personas –sea en forma individual, como socios de hecho o como integrantes de una SRL– para las tareas de verificación y determinación de los impuestos sobre los Ingresos Brutos y Sellos de contribuyentes del Convenio Multilateral –empresas que tienen domicilio fuera de Río Negro– y del impuesto destinado al Fondo de Promoción del Comercio Exterior. Los profesionales contratados –mediante los cuatro procedimientos administrativos que abarcaron desde octubre de 2002 hasta abril de 2013– son los contadores Mirta Rebasti y Norberto González, quienes debían cobrar en concepto de honorarios el 15% más IVA del monto realmente ingresado a la cuenta de la Provincia como resultado de su labor.
Durante ese lapso de diez años, los profesionales percibieron en concepto de honorarios $ 19.615.422,11, importe que hubiera correspondido a una recaudación de más de $ 108 millones como resultado de su labor. No obstante, el Tribunal de Cuentas objetó que realizaron sólo tareas referidas al Convenio Multilateral pero no al impuesto vinculado con Comercio Exterior, y que de los asientos registrados en la DGR no es posible confirmar cuánto dinero ingresó por su tarea, debido a que no se creó la cuenta específica para que ingresara tal recaudación ni se consignó de modo alguno esos importes.
Además, la primera vez que fueron contratados fue por contratación directa –en el expediente hay cuerpos sin foliar– y sin que se hayan podido verificar los antecedentes de otras firmas; el segundo contrato también fue directo; la tercera fue por licitación y la cuarta también por licitación, pero en la cual Nogmi, la consultora de Rebasti y González fue el único oferente.