El bloque del MPN presentó hoy un proyecto de ley que consiste en castigar mediante arresto o multa a los padres que impidan el ejercicio de los derechos del niño a recibir formación escolar.
El diputado del MPN y autor de la iniciativa, Claudio Dominguez, explicó
que la propuesta “establece la sanción –con arresto con un mínimo de
quince días y un máximo de treinta días o su equivalente en multa–, a
los padres, madres o encargados de la guarda, tenencia o custodia, que
impida el ejercicio de los derechos del niño a recibir formación escolar
en los establecimientos educativos que impartan educación obligatoria,
imposibilitando así su correcta formación dentro de los planes oficiales
de estudios. Sea esta conducta por acción u omisión, volitiva o
negligente, mediando previamente denuncia del Consejo Provincial de
Educación cuando constate el abandono o la falta de inscripción al sistema educativo provincial”, dijo Domínguez.
“La escuela es una de las
herramientas sociales más importantes, indiscutiblemente necesaria para
favorecer la inserción de los niños y adolescentes en la sociedad que en
su futuro como adultos deberán enfrentar solos”, sostuvo el legislador
del MPN, quien aseguró además que “la deserción escolar hoy en día es un
arma muy dañina para nuestros jóvenes y su inclusión en la sociedad.
Por eso la escuela es una herramienta fundamental que lucha contra el
consumo de drogas, el alcohol, contra la explotación infantil
y la mala remuneración, la delincuencia, la desadaptación social, el
maltrato, la violencia, los inconvenientes de índole económico, los
embarazos a temprana edad e innumerables factores y situaciones que no
hacen a una buena calidad de vida”.
Asimismo, Domínguez se refirió a las normativas legales que consagran el
derecho del niño y del adolescente a la educación y mencionó: “la
Convención de los Derechos del Niño, que en su articulado determina que
los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la Educación. La
Constitución de la Provincia del Neuquén, en su artículo 110, establece
que el Estado debe garantizar la educación pública, laica, gratuita y
obligatoria y a ello se suma la Ley Provincial N°2302, que su artículo
23 refiere que la educación de niños y adolescentes será considerada un
bien social y su adquisición un derecho inalienable y que el Estado lo
garantizará como principio en todos los niveles y modalidades”.
“En los padres y personas responsables de la tutoría de los niños recae
la responsabilidad y el deber de cumplir con las normativas existentes.
Son ellos quienes deben transmitir la importancia de recibir educación y
deben enviar a sus hijos a la escuela, librándolos de todo mal que el
ocio y la calle pueda generarles. En síntesis, son ellos quienes deben
transmitir valores que luego serán sinónimo de buenas conductas porque
la familia y la escuela deben estar fuertemente unidas para que todos
vivamos en una sociedad tranquila y sobre todo próspera”, concluyó el diputado provincial.