Deslindó así responsabilidades de la Nación en torno a los conflictos con Policías provinciales
El jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich, reiteró hoy que en los casos de conflictos en las provincias por seguridad o salariales son temas "exclusivamente de competencia provincial".
"Ratificamos el poder no delegado por las provincias a la nación respecto al ejercicio del poder de policía", señaló en conferencia de prensa desde la ciudad de Resistencia.
De esa forma, deslindó responsabilidades de la Nación en torno a los conflictos e incidentes que hubo esta semana en distintas provincias y remarcó que "frente a causales establecidas en la ley 24059 debe existir un requerimiento formal para un apoyo del estado nacional".
La norma que citó Capitanich es la Ley de Seguridad Interior que sirve para coordinar el esfuerzo nacional con la policía provincial cuando un estado se ve desbordado por hechos de violencia y pide auxilio al gobierno central.
Capitanich añadió ante la prensa chaqueña esta mañana que las decisiones en torno a conflictos salariales "son pura y exclusivamente de competencia provincial".
"No hay que confundir ni deslindar responsabilidades", advirtió Capitanich.
Y, aclaró que las fuerzas federales podían "desplegarse en las provincias que soliciten" su ayuda.
Capitanich recordó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 13 de abril 1869, el que ratifica que la seguridad pública es un poder no delegado por lo que "indudablemente la administración de la seguridad y la política salarial es una competencia exclusiva, excluyente y estrictamente provincial".
"La seguridad pública está regulada en virtud de la Ley 24059 y sus modificatorias y eso implica que frente a causales expresamente establecidas en los artículos 23 y 24, debe haber un pedido formal para requerir apoyo por parte del Estado nacional", explicó Capitanich.
Y mencionó, además, que el Estado nacional no puede entablar ninguna negociación salarial con ningún actor gremial en el ámbito provincial, porque eso sería violatorio de las autonomías de cada jurisdicción.
"Tiene que existir una responsabilidad objetiva por parte de quien administra las cajas provinciales respecto a poder asumir los compromisos, porque si no resolvería un problema hoy para generar otro mañana", sostuvo.