Fiscalía de Estado fue a la Justicia para reclamar que se declare la invalidez del trámite que permitió a empresas de capitales belgas quedarse con valiosas 7.000 hectáreas en El Bolsón.
Río Negro requirió la nulidad de la cesión de unas 7.000 hectáreas de tierras fiscales, en la región de El Bolsón, cedidas al grupo Burco. La acción judicial reclama la invalidez bajo la convicción de que esa sociedad adquirió los lotes "en forma irregular con la utilización de intermediarios para eludir la prohibición de ventas en favor de empresas de capital extranjero".
La presentación –que fue formalizada por la Fiscalía de Estado– cuestiona las operaciones de Burco, con su subsidiaria Burco América o sociedades del grupo. Según su página web , la firma "llegó al país hace más de 20 años y desarrolló proyectos vacacionales de lujo en entornos naturales y con grandes reservas ecológicas". Su emprendimiento inmobiliario está en Bariloche, denominado Arelauquen Golf & Country Club, Patagonia, y también tiene otras inversiones en Tupungato.
Años atrás el exlegislador y actual diputado nacional Luis Bardeggia formalizó denuncias penales por presuntas irregularidades en la cesión de tierras fiscales de Río Negro que rápidamente recaían en Estancia Río Foyel y otros privados, también del Grupo Burco. Ahora, la Fiscalía, a cargo de Pablo Bergonzi, pidió que se declare la nulidad de la escrituración y de contratos privados para un campo de 7.080 hectáreas cedido originalmente a un privado, que rápidamente transfirió a El Talismán SA y Estancia Río Foyel, ambas sociedades del grupo belga.
La Fiscalía formalizó la presentación contra la empresa Burco (Belgian Urban Renovation Company N.V.), como también, "sus sociedades comerciales subsidiarias en Argentina controladas directa e internamente por el grupo económico extranjero". El gobierno rionegrino planteó que el objetivo es recuperar para el Estado "algo más de 7.000 hectáreas de tierras fiscales adquiridas irregularmente por ese grupo, utilizando intermediarios y sociedades anónimas constituidas" para "eludir las regulaciones de la Ley de Tierras Fiscales (Q 279) que prohíbe la venta" a sociedades "con capital extranjero o controladas por estas, o que desarrollen como actividad habitual la compraventa de inmuebles, o posean otras unidades económicas productivas en el territorio provincial".
Según el escrito, Burco es "una sociedad comercial de capital netamente extranjero" y "dedicado a promover desarrollos inmobiliarios", conformando "la compraventa de inmuebles en su actividad principal".
También se afirmó que "al adquirir las tierras fiscales, cuya recuperación se reclama, Burco ya era propietaria de una unidad económica de explotación previa, Arelauquen Golf & Country Club de San Carlos de Bariloche". Esta condición le impedía ser adjudicataria en el marco de la ley de Tierras Fiscales.
Precisa el escrito que "la nulidad está prevista si el adjudicatario no cumple con un período mínimo de ocupación previos a la escritura, recordando que la provincia cedió derechos en favor de Ignacio Soria, que transfirió a favor de El Talismán SA y sólo existió una única inspección", y luego se cedió a favor de Estancia Rio Foyel S.A. "No se agotó plazo mínimo de ocupación ni habiéndose practicado inspección en relación no correspondía otorgar la escritura".
Por eso se pidió la "nulidad absoluta e insanable" para "los actos privados celebrados entre El Talismán S.A. (Burco Argentina S.A.) y Estancia Río Foyel SA", como también, la escritura extendida por el gobierno de Río Negro.
El gobierno del FpV ha planteado la revisión de legalidad sobre las adjudicaciones concretadas principalmente durante la gestión radical de Miguel Saiz. Además de este pedido de nulidad, la Fiscalía ya planteó una interposición contra Patricio Alejandro Montes para recuperar aproximadamente 25.000 hectáreas en la Meseta de Somuncura. En lo penal, Bardeggia es un impulsor de denuncias que incluso ya derivaron en procesamientos para ex funcionarios, entre ellos, el exministro Juan Acattino.
En forma paralela a esas causas, en la Legislatura se aprobó este año un proyecto que dispuso la nulidad de dos actos administrativos ejecutados por la Dirección de Tierras de la Provincia en los años 2006 y 2007, en los que se adjudicaron más de 24 mil hectáreas en la Meseta de Somuncura en forma irregular, estableciendo la restitución de esas tierras al Estado provincial.