Los diputados Julio Martínez y Manuel Garrido (UCR) denunciaron penalmente al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, por el alquiler de un avión británico para el viaje de la presidenta Cristina Kirchner a las islas Seychelles, en enero pasado.
“No se llamó a licitación y se contrató a una empresa que tiene relaciones comerciales con las que explotan petróleo en Malvinas, violando una ley que lo prohíbe”, sostuvieron en su argumentación los legisladores nacionales en la denuncia, radicada ante la Cámara Federal porteña.
Según los diputados, “se desembolsaron 880.0000 dólares” por el alquiler de la aeronave -modelo Global Express 7.000- “sin el llamado previo a licitación que dispone el decreto 1023/2001 y su decreto reglamentario 893/2012″.
También cuestionaron que la renta se hizo “a la empresa broker Chapman Freeborn”, la cual “ha estado operando el puente aéreo” entre el Reino Unido y las islas Malvinas y, además, “tiene contratos con las empresas Desire Petroleum, Falklands &Oil Gas y Oil Spill Response, las cuales participan de la búsqueda de petróleo en las islas Malvinas”.
Todo ello, señalaron, “aparece como violatorio a lo dispuesto por la ley 26.659″ que en su artículo 5 dispone: “El Estado nacional (…) no podrán contratar con personas físicas o jurídicas (…) que en forma directa o indirecta desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido habilitaciones (…) por autoridad competente argentina”.
Los diputados reclamaron que se investigue si Parrilli y todos “los funcionarios que realizaron dicha contratación” habrían incurrido en el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.