Una empresa de seguridad privada cobraba más de 12.000 dólares por cada desocupación.
El Ministerio Público Federal en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul acusó a una empresa de seguridad de vender un servicio de intimidación y expulsión de indígenas de tierras que son disputadas con estancieros.
Según informó hoy el diario Folha de Sao Paulo, la Fiscalía acusó a la empresa Gaspem Seguridad Ltda. de actuar como "milicia privada" en Dourados, a 250 kilómetros de la capital provincial, Campo Grande, promoviendo acciones violentas contra los indígenas de la étnia guarani-caiová, que ocupan tierras que consideran que les pertenecen.
Testimonios recogidos por los fiscales indican que la empresa llegaba a recibir hasta 30.000 reales (unos 12.700 dólares) por cada desocupación violenta.
Ante las denuncias, la Fiscalía pidió la suspensión de las actividades de la empresa y el bloqueo de 480.000 reales para garantizar el pago de indemnizaciones por daño moral colectivo.
Otras acusaciones que se le imputan a la empresa, dedicada a prestación de servicios de vigilancia y seguridad privadas, son la contratación de vigilantes tercerizados sin curso de capacitación, porte ilegal de armas, falta de entrenamiento para la manipulación de armas no letales y fraudes administrativos.