El megaoperativo realizado el viernes en Cipolletti por la jueza Federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, permitió desbaratar una banda dedicada al comercio de estupefacientes, detener a 12 personas e incautar 172 kilos de marihuana, 21 kilos de cocaína y casi un millón de pesos.
Para muchos, el éxito del procedimiento obedeció precisamente a la decisión de la jueza de no requerir el auxilio de la Policía de Río Negro ni de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal con sede en Cipolletti, y confiar, en cambio, en 120 efectivos del departamento de Toxicomanía de la Policía de Neuquén, de su área de investigaciones, de la fuerza Metropolitana y de la unidad especial Despo.
Esta circunstancia fue soslayada por las autoridades rionegrinas, que lo atribuyeron a una mera decisión de la magistrada de hacer uso de la extensión territorial a que la habilitan las normas procesales.
Aun así, representa un durísimo golpe al vapuleado prestigio de la Policía provincial y a su conducción política, pues abona la presunción de que varios allanamientos anteriores no habrían arrojado resultados positivos por haber sido avisadas previamente las personas involucradas en el tráfico y guarda de drogas.
El tema tiene un indudable contenido político.
Varios de los allanamientos del viernes fueron en domicilios de la familia Montecino, algunos de cuyos miembros están condenados o procesados por delitos de narcotráfico, robo de vehículos, amenazas, portación de armas o robos.
A mediados de 2010, el intendente de Cipolletti, Alberto Weretilneck, promovió una campaña de recolección de firmas reclamando que la justicia y la policía agilizaran las causas que involucraban a los Montecino, sobre todo a aquellos que, estando procesados, gozaban de libertad y eran sospechados de cometer nuevos ilícitos. Pidió disculpas a familiares que no estuvieran incluidos en tales prácticas, pero estimó difícil distinguir entre unos y otros. La campaña motivó el rechazo de organismos de derechos humanos, que lo presentaron como un virtual proceso para expulsar o declarar "no gratos" a los miembros del clan.
Desde entonces, se produjeron nuevos incidentes, como un tiroteo a la salida de Tribunales, que no hizo más que incrementar las sospechas de connivencia policial. En aquella ocasión, dos integrantes de la familia Montecino balearon el frente de Tribunales -siendo la jueza Berenguer testigo directo- y se fugaron en moto ante la vista de los presentes. La policía tardó diez días en atrapar a uno de ellos y un mes al otro y se sospechó que alguien en la fuerza les avisaba dónde buscarían ubicarlos.
El año pasado también hubo denuncias cruzadas y acusaciones por una supuesta "zona liberada". La Policía lo negó y detuvo a varios presuntos integrantes del negocio ilícito. Pero en un procedimiento realizado en Cinco Saltos se detectó a un efectivo vinculado al delito y otro miembro de la rionegrina fue detenido tras ser interceptado por sus pares cerca de Catriel con una carga de 17 tizas de cocaína.
Hasta el momento, la Plana Mayor de la Policía y sus responsables políticos –el secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y el ministro de Gobierno, Diego Larreguy– han mostrado ninguna preocupación por las sospechas y hechos concretos que ponen en juego a la institución policial.
Por ello, si el gobernador Miguel Saiz está dispuesto a brindar, en lo que queda hasta el 10 de diciembre, alguna señal de que sigue conectado con su gestión, haría bien en pedirles a sus funcionarios que tomen las medidas necesarias para remediar tales sospechas, o dejen sus cargos ante la admisión de que no son capaces de desempeñarlos de modo de garantizar la sujeción a las normas.
Para muchos, el éxito del procedimiento obedeció precisamente a la decisión de la jueza de no requerir el auxilio de la Policía de Río Negro ni de la División Drogas Peligrosas de la Policía Federal con sede en Cipolletti, y confiar, en cambio, en 120 efectivos del departamento de Toxicomanía de la Policía de Neuquén, de su área de investigaciones, de la fuerza Metropolitana y de la unidad especial Despo.
Esta circunstancia fue soslayada por las autoridades rionegrinas, que lo atribuyeron a una mera decisión de la magistrada de hacer uso de la extensión territorial a que la habilitan las normas procesales.
Aun así, representa un durísimo golpe al vapuleado prestigio de la Policía provincial y a su conducción política, pues abona la presunción de que varios allanamientos anteriores no habrían arrojado resultados positivos por haber sido avisadas previamente las personas involucradas en el tráfico y guarda de drogas.
El tema tiene un indudable contenido político.
Varios de los allanamientos del viernes fueron en domicilios de la familia Montecino, algunos de cuyos miembros están condenados o procesados por delitos de narcotráfico, robo de vehículos, amenazas, portación de armas o robos.
A mediados de 2010, el intendente de Cipolletti, Alberto Weretilneck, promovió una campaña de recolección de firmas reclamando que la justicia y la policía agilizaran las causas que involucraban a los Montecino, sobre todo a aquellos que, estando procesados, gozaban de libertad y eran sospechados de cometer nuevos ilícitos. Pidió disculpas a familiares que no estuvieran incluidos en tales prácticas, pero estimó difícil distinguir entre unos y otros. La campaña motivó el rechazo de organismos de derechos humanos, que lo presentaron como un virtual proceso para expulsar o declarar "no gratos" a los miembros del clan.
Desde entonces, se produjeron nuevos incidentes, como un tiroteo a la salida de Tribunales, que no hizo más que incrementar las sospechas de connivencia policial. En aquella ocasión, dos integrantes de la familia Montecino balearon el frente de Tribunales -siendo la jueza Berenguer testigo directo- y se fugaron en moto ante la vista de los presentes. La policía tardó diez días en atrapar a uno de ellos y un mes al otro y se sospechó que alguien en la fuerza les avisaba dónde buscarían ubicarlos.
El año pasado también hubo denuncias cruzadas y acusaciones por una supuesta "zona liberada". La Policía lo negó y detuvo a varios presuntos integrantes del negocio ilícito. Pero en un procedimiento realizado en Cinco Saltos se detectó a un efectivo vinculado al delito y otro miembro de la rionegrina fue detenido tras ser interceptado por sus pares cerca de Catriel con una carga de 17 tizas de cocaína.
Hasta el momento, la Plana Mayor de la Policía y sus responsables políticos –el secretario de Seguridad, Víctor Cufré, y el ministro de Gobierno, Diego Larreguy– han mostrado ninguna preocupación por las sospechas y hechos concretos que ponen en juego a la institución policial.
Por ello, si el gobernador Miguel Saiz está dispuesto a brindar, en lo que queda hasta el 10 de diciembre, alguna señal de que sigue conectado con su gestión, haría bien en pedirles a sus funcionarios que tomen las medidas necesarias para remediar tales sospechas, o dejen sus cargos ante la admisión de que no son capaces de desempeñarlos de modo de garantizar la sujeción a las normas.
alicia miller
amiller@rionegro.com.ar
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