La empresa Petrolera Piedra del Aguila radicó una denuncia contra los integrantes de la familia Curruhuinca por ocupar las tierras que la provincia le cedió para explotar. La causa por el conflicto ingresó a la Cámara de todos los fueros de Cutral Co.
Neuquén.- El conflicto entre la presunta comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufu y la compañía Petrolera Piedra del Águila sumó nuevos episodios a una situación que comenzó en 2007 y amenaza con prolongarse en el tiempo.
El abogado de la empresa, Alejandro Diez radicó en la comisaría 9 de Picún Leufú, una denuncia penal contra integrantes de la familia mapuche Curruhuinca que reclaman como propias tierras que la provincia otorgó a la petrolera en la década del ´90.
En su denuncia, radicada el 18 de marzo, Diez relata que en “el día de ayer (por el jueves 17) un grupo de personas que se autodenominan como integrantes de una comunidad aborigen, miembros de la familia Curruhuinca de la ciudad de Picún Leufú, tomaron los puestos de vigilancia existentes en los yacimientos Los Leones”.
Se trata de dos puestos en el acceso a una planta compresora que está en el lugar, uno en la tranquera sobre la ruta 237 y el otro junto a la planta.
La ocupación de esos puestos por parte de la comunidad impidió la recarga de combustible y mantenimiento de la planta por parte de la empresa por lo que está fuera de servicio desde el domingo pasado.
Ante esta situación el juez de Instrucción Penal del Niño y el Adolescente, Mario Tommasi, que subroga al juzgado civil 2 de Cutral Co, ordenó a la policía provincial que interceda para que los mapuche no impidan el paso de los empleados a la planta compresora. La presencia de los uniformados de la fuerza especial UESPO generó tensión entre las partes.
Ayer Juan Carlos Curruhuinca denunció que hay un intento de desalojarlos de sus tierras. A esto Diez aseguró que el reclamo de los indígenas es inconsistente porque no son originarios sino “que vinieron de Río Negro entre 1975 y 1980, cuando el padre de quienes hoy reclaman las tierras como propias ocupó el lugar para pastoreo y a tal fin tramitó un permiso que se le otorgó en 1982”.
Diez dijo que “en ese momento Curruhuinca no invocó ningún derecho ancestral y sus hijos actualmente no viven ahí”.
“La empresa Petrolera Piedra del Águila tiene un permiso de explotación que viene de la década del 90”, agregó el abogado.
El problema se suscitó a partir del reconocimiento de pueblo originario otorgado a los Curruhinca por parte del INAES. Según el abogado de la empresa tanto la fiscalía como la provincia pidieron a la justicia que no reconozcan la personería “porque un organismo nacional no puede ir por sobre las potestades de la provincia que es la autoridad de aplicación en la materia”.
Por el momento está firme una medida cautelar que obliga a los Curruhuinca a permitir el paso de los trabajadores de la petrolera, pero no es acatado “porque son extremadamente violentos”, dijo Diez, que agregó que la provincia inició la caducidad de la licencia de pastoreo.
El 17 de febrero pasado el Juez Tommasi firmó un fallo desestimando un amparo interpuesto por la empresa que a su vez pidió la nulidad de la causa.
En el mismo sentido obró la Fiscalía de Estado y se supo que en los próximos días la causa podría ser elevada a la Cámara de Todos los Fueros de Cutral Co que integran Dardo Trocoso, Pablo Furlotti y Alejandra Barroso.
Neuquén.- El conflicto entre la presunta comunidad mapuche Huenctru Trawel Leufu y la compañía Petrolera Piedra del Águila sumó nuevos episodios a una situación que comenzó en 2007 y amenaza con prolongarse en el tiempo.
El abogado de la empresa, Alejandro Diez radicó en la comisaría 9 de Picún Leufú, una denuncia penal contra integrantes de la familia mapuche Curruhuinca que reclaman como propias tierras que la provincia otorgó a la petrolera en la década del ´90.
En su denuncia, radicada el 18 de marzo, Diez relata que en “el día de ayer (por el jueves 17) un grupo de personas que se autodenominan como integrantes de una comunidad aborigen, miembros de la familia Curruhuinca de la ciudad de Picún Leufú, tomaron los puestos de vigilancia existentes en los yacimientos Los Leones”.
Se trata de dos puestos en el acceso a una planta compresora que está en el lugar, uno en la tranquera sobre la ruta 237 y el otro junto a la planta.
La ocupación de esos puestos por parte de la comunidad impidió la recarga de combustible y mantenimiento de la planta por parte de la empresa por lo que está fuera de servicio desde el domingo pasado.
Ante esta situación el juez de Instrucción Penal del Niño y el Adolescente, Mario Tommasi, que subroga al juzgado civil 2 de Cutral Co, ordenó a la policía provincial que interceda para que los mapuche no impidan el paso de los empleados a la planta compresora. La presencia de los uniformados de la fuerza especial UESPO generó tensión entre las partes.
Ayer Juan Carlos Curruhuinca denunció que hay un intento de desalojarlos de sus tierras. A esto Diez aseguró que el reclamo de los indígenas es inconsistente porque no son originarios sino “que vinieron de Río Negro entre 1975 y 1980, cuando el padre de quienes hoy reclaman las tierras como propias ocupó el lugar para pastoreo y a tal fin tramitó un permiso que se le otorgó en 1982”.
Diez dijo que “en ese momento Curruhuinca no invocó ningún derecho ancestral y sus hijos actualmente no viven ahí”.
“La empresa Petrolera Piedra del Águila tiene un permiso de explotación que viene de la década del 90”, agregó el abogado.
El problema se suscitó a partir del reconocimiento de pueblo originario otorgado a los Curruhinca por parte del INAES. Según el abogado de la empresa tanto la fiscalía como la provincia pidieron a la justicia que no reconozcan la personería “porque un organismo nacional no puede ir por sobre las potestades de la provincia que es la autoridad de aplicación en la materia”.
Por el momento está firme una medida cautelar que obliga a los Curruhuinca a permitir el paso de los trabajadores de la petrolera, pero no es acatado “porque son extremadamente violentos”, dijo Diez, que agregó que la provincia inició la caducidad de la licencia de pastoreo.
El 17 de febrero pasado el Juez Tommasi firmó un fallo desestimando un amparo interpuesto por la empresa que a su vez pidió la nulidad de la causa.
En el mismo sentido obró la Fiscalía de Estado y se supo que en los próximos días la causa podría ser elevada a la Cámara de Todos los Fueros de Cutral Co que integran Dardo Trocoso, Pablo Furlotti y Alejandra Barroso.