El exministro que reformó la Bonaerense pide "fin del autogobierno" de esas fuerzas "Scioli deshizo todo lo que se había realizado en materia de seguridad"
Claudio Rabinovitch
El exjuez que integró el tribunal que condenó a las juntas militares y ministro de Seguridad, León Carlos Arslanian, afirmó que los gobernadores (aún cuando considera que fueron víctimas de extorsión) deben cumplir con los aumentos al personal policial, pero siempre con el control civil sobre las fuerzas.
En cuanto a la tareas pendientes del gobierno nacional, sostuvo que "debe fortalecer su estrategia contra el narcotráfico".
Arslanian, como exministro de Seguridad bonaerense entre 1997 y 1999, tuvo el manejo de la fuerza más numerosa y compleja de la Argentina: la Bonaerense, con el crímen del fotógrafo José Luis Cabezas como hecho caliente.
En base al trabajo que realizó, critica hoy con dureza al actual gobernador Scioli, por haber "desarticulado" todos los avances que se habían concretado con la reforma que puso en marcha durante sus dos gestiones.
– Pasadas las protestas policiales de diciembre quedaron vía libre a los saqueos, ¿considera que se trató de una maniobra para desestabilizar al gobierno?
– Tal tipo de acciones sediciosas tienen actitud desestabilizadora, particularmente no me parece que el móvil fuese ese porque no se conoce que los sediciosos hayan estado operando para tal o cual facción, grupo político o de poder; sino más bien tratando de generar un elevado grado de estrépito para ser escuchados y conseguir lo que buscaban. El ejemplo de Córdoba, con un rapidísimo arreglo acordado con el gobernador De la Sota, quien aceptó las condiciones planteadas por los policías, constituyó un acicate para que luego las demandas se desataran en otras jurisdicciones.
– Pareciera existir un reclamo legítimo –dados los bajos salarios del personal policial–, pero que no se corresponde con el modo de expresar la protesta...
– Se trató de reclamos justos si se aprecia la exigüidad de los salarios y las pésimas condiciones laborales de los agentes. Pero la modalidad fue manifiestamente ilegal ya que el policía no puede hacer abandono del servicio, ni incurrir en actos que violenten el orden jerárquico al que pertenecen.
– La mayoría de los gobernadores convalidaron los aumentos acordados, ¿fue correcto?
– Los gobiernos provinciales actuaron bajo coacción. Los sediciosos no sólo generaron alarma por el abandono del servicio, sino que en muchos casos estimularon acciones delictivas para conceder mayor significación a la necesidad de su presencia en las calles. Creo que los gobernadores atendieron la emergencia del modo en que pudieron.
– Pero algunas provincias dieron "marcha atrás" con las subas, aludiendo a que fueron concedidos bajo extorsión.
– No me parece que se deba revisar lo pactado. Hay que iniciar un proceso depurativo de las fuerzas y una reestructuración que garantice la gobernabilidad política de las policías.
– ¿Por qué en el rebrote ocurridoel jueves pasado en Córdoba (levantamiento en favor de los detenidos por los episodios de diciembre) se controló enseguida la situación?
– Esta vez la reacción fue rápida y dejó enevidencia que las fuerzas federales(requeridas en este caso por De la Sota) son suficientes para evitar que los sucesos anteriores se repitan.
Panorama y alternativas
– El gobierno porteño se diferenció al señalar que la Policía Metropolitana tiene sus ingresos "enganchados" a los del poder judicial (de acuerdo a la jerarquía), los cuales son de aceptables a altos: ¿es una buena medida?
– No sé si la mejor solución es una ley de enganche; por lo general con el tiempo nivelan para abajo. Hay que generar políticas salariales propias para el sector, con participación de representantes policiales en la discusión.
– Cerca de José Manuel De la Sota sostienen que la causa del conflicto en Córdoba fue por el descabezamiento de la cúpula policial, que perdió los ingresos provenientes de actividades ilícitas. ¿Existen esos nexos?
– La existencia de vínculos de la policía con la delincuencia organizada es histórica. Una de las fallas más graves de los gobiernos en su incapacidad para terminar con el auto-gobierno de las fuerzas, evitar que se autonomicen, no controlarlas. Ante el poder económico del narcotráfico, una de las características es la cooptación policial, por eso, uno de los beneficios de decentralizar es que al repartir el poder se evita al "jefe recaudador".
– La oposición es muy dura con las faltas de políticas del gobierno de Cristina Kirchner para hacer frente al narcotráfico, ¿cómo evalúa esa crítica?
– El gobierno nacional debe fortalecer su estrategia en contra del narcotráfico a través de la reorganización de la Policía Federal y a través de la creación de una Agencia Federal de Investigaciones con presencia en todo el país. Ello, sin perjuicio de la acción que lleva adelante Gendarmería Nacional.
– ¿Qué hizo Daniel Scioli con la reforma que usted implementó en territorio bonaerense?
– En Buenos Aires, la reforma llevada a cabo entre 1998/99 y 2004/07 que consistió en descentralizar y desconcentrar la fuerza, unificar los escalafones, gobernar a través de técnicos gubernamentales con aptitudes para ello, blanqueo de salarios, control de desempeño, etc., etc., fue desarticulada por Scioli, quien por decisión propia volvió al esquema anterior, malogrando los resultados obtenidos.