El titular de la Anses, Diego
Bossio, firmó un acuerdo con el defensor del Pueblo porteño, Alejandro
Amor, por el cual ambos organismos se comprometen a implementar acciones
conjuntas con el objetivo de facilitar la gestión. "El objetivo es
garantizar la gratuidad de todos los derechos", afirmó.
“Estamos en camino de que el 100% de las personas en condiciones de
jubilarse pueda hacerlo, es un derecho que se tiene que ejercer con
plenitud y con gratuidad”, expresó el director Ejecutivo de la Anses, Diego Bossio,
y remarcó que “años atrás, por la propia incapacidad del Estado de
facilitar y solucionar las cosas a la gente, tenías que recurrir a un
gestor, a un abogado o a un contador, porque supuestamente facilitaba la
posibilidad de la jubilación”.
El funcionario aseguró que el objetivo es “garantizar la gratuidad de
todos los derechos de los argentinos”. “Agradecemos a la Defensoría que
nos acompañe en este proceso para que los derechos de los argentinos se
ejerzan fácil, rápida y gratuitamente, no podemos ser rehenes de
aquellos que pretenden lucrar con la esperanza de quienes más lo
necesitan”, subrayó.
Al comienzo del acto, Amor le entregó a Bossio una
remera de la Defensoría del Pueblo con el nuevo logo y destacó que “este
convenio sintetiza la apertura conjunta con la Anses de 4 sedes en la
Ciudad de Buenos Aires a lo largo de este año para llevar adelante un
proceso de descentralización”.
“Para el próximo año, el compromiso es tener presencia en las 15
comunas junto con el organismo previsional, así todos los jubilados y
pensionados y los vecinos en general podrán tener la tranquilidad de que
nadie les va a cobrar ni un peso por ningún trámite o gestión relativos
a la seguridad social”, añadió.
El convenio se propone el asesoramiento y la defensa irrestricta de los
Derechos Humanos en el ámbito de cada una de las instituciones. Se
plantea también un Programa de Cooperación Técnica y Asistencia
Recíproca para la ejecución conjunta de actividades institucionales en
áreas de mutuo interés.
Incluye el desarrollo de actividades como tareas de investigación,
informes, trabajos de campo y capacitaciones; transferencia de
conocimientos y asesorías en temas específicos; diseño de estrategias
con acciones de concientización social sobre los mecanismos de
protección de los derechos e intereses de la ciudadanía y promoción de
la legislación y las prácticas institucionales, en armonía con los
instrumentos internacionales de derechos humanos.