PERSECUCIÓN IDEOLÓGICA, ESCÁNDALO JURÍDICO Y PREPOTENCIA FASCISTA EN NEUQUÉN.
“Esta zona está plagada de anarquistas revolucionarios”, “La Argentina se ha convertido en un refugio de terroristas”, “Hebe de Bonafini, detrás de quien está el gobierno nacional que brinda asilo a guerrilleros”, “Godoy admiraba a los tirabombas de Quebracho”
Esa frase y otras del mismo tenor no se escucharon en un pabellón de represores condenados por delitos de lesa humanidad sino en el Juzgado de Junín de los Andes. Gustavo Lucero, policía, letrado de la corporación policial neuquina y empleado del Gobierno provincial, terminaba un alegato fascista que, lejos de hablar de hechos puntuales, se concentró en la estigmatización ideológica de Juan Marcos Fernández y Analia Godoy.
Desde la tribuna del juzgado, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Neuquén, Gabriel Gastaminza, asentía complacido, al borde del aplauso. Su presencia durante los alegatos, confirmaba la presión del sobischismo sobre el tribunal. Ya era un secreto a voces que el encumbrado funcionario había realizado una “visita de cortesía” a los jueces Piana y Lupicia Cristo que, en un fallo dividido, condenaron a Juan Marcos y Analia por delitos que no cometieron.
El juicio contra la joven pareja fue un festival de fascismo, persecución ideológica y supina ignorancia de las reglas del debido proceso. No llama la atención entonces que el Juez Andrés Repetto, presidente del Tribunal y único funcionario con prestigio académico mostrara a todas luces las irregularidades del juicio, la ausencia absoluta de pruebas y la impronta ideológica fascista del debate oral por la que tuvo que llamar la atención en más de una ocasión al fiscal. A Juan Marcos Fernández y a Analía Godoy se los mandó a investigar mientras se hallaban ante la Justicia en calidad de testigos; se negó sistemáticamente en los testimonios de policías y del médico policial (únicos testimonios tenidos en cuenta por los jueces Piana y Lupica Cristo) las evidencias de las golpizas recibidas por Fernández en la comisaría de Junín de los Andes que fueran acompañadas por fotografías, a la que aquellos reseñaban como “rasguños y eritemas faciales”; y se pasó por alto las mentiras de los jueces que en su fallo condenatorio hacen decir a testigos aquello que estos no dicen en sus testimonios en Juicio con la deliberada intención de complicar la situación de Fernández y Godoy (p. 48 del fallo, Piana adjudica a Fernández actos que en p. 32 cita como propias el testigo Carranza; en p. 52 adjudica a la testigo Espósito declaraciones que esta no refiere y no constan en los videos de su testimonio en Juicio; toman como válidas suposiciones sin fundamentos del perito informático Gómez que comprometerían a Fernández y a Godoy y no los testimonios de las testigos Freymond y Espósito que desmienten tajantemente estas suposiciones). Todas estas evidencias sugieren que el contenido del fallo escondía intencionalidades ajenas a lo judiciable.
Piana y el abogado de la policía son viejos amigos: trabajaron mancomunadamente para garantizar la impunidad de Sobisch y la cúpula policial durante el juicio por el asesinato de Carlos Fuentealba. Las agachadas de Piana son famosas en la provincia y le valieron sendas denuncias del gremio docente ATEN, además de una impugnación que, combinada con las pésimas calificaciones que obtuvo en los exámenes, frenó su pretensión de integrar la Cámara de Apelaciones. Es por ello que no nos llama la atención que el Juez Piana cite como el eje de su argumentación las declaraciones de todos los policías que testimoniaron en el Juicio, avalando la tortura para obtener declaraciones extrajudiciales de Juan Marcos Fernández (que carecen de valor legal), del mismo modo que lo hiciera el abogado Lucero en su alegato final. No dar cuenta de estos hechos y pasarlos por alto como lo hacen los jueces Piana y Lupica Cristo implica retroceder a los peores tiempos de la historia argentina pero avalado desde el Estado de Derecho.
Juan Marcos y Analia viven junto a sus hijos en Mallín Ahogado, una zona rural del Bolsón donde la vida es dura y hay que luchar para ganarse el pan. Eligieron irse al campo para vivir en contacto con la naturaleza, lejos de la histeria consumista de las grandes ciudades, siempre preocupado por la suerte de los más humildes, llenos de inquietudes sociales y convicciones ambientales. Él trabajaba ocasionalmente de fletero, albañil, lo que venga para llenar la olla. Ella es maestra jardinera. En una de esas changas, Juan Marcos acordó transportar a dos personas de la zona que apenas conocía. Durante ese fatídico flete sucedió una situación inesperada y sumamente traumática para un joven que rinde culto a la paz y la interculturalidad. En la noche cerrada de Pilolil, un control policial informal detuvo el automóvil que conducía Juan Marcos para comprobar si allí viajaban cazadores furtivos.
No es ocioso aclarar que estos controles son “kioskos” de los comisarios que acuerdan con los estancieros ricos un esquema de seguridad privada con personal policial cuyo objeto es evitar que los pobres de la zona vayan a cazar para alimentarse esos ciervos colorados que tienen reservados, en Cotos de Caza, para los turistas extranjeros que pagan en dólares por esa diversión. Para esa labor, no dudan en desviar de su destino al personal policial, exponiéndolos por jornales miserables a los riesgos de esa actividad que nada tiene que ver con la seguridad pública. Luego de mostrar la documentación del vehículo, y el interior del equipaje que transportaban, inesperadamente uno de los pasajeros transportados inicio un tiroteo que se llevó la vida del sargento Aigo, un hombre simple del pueblo, de origen Mapuche, que a esas horas debía estar junto a su familia y no cuidando los intereses de los estancieros por órdenes de la superioridad.
Durante el tiroteo, tal como quedó acreditado en el juicio, por dichos del propio responsable, Juan Marcos fue utilizado como escudo humano por el policía Guerrero (pág. 89 sentencia). Los responsables del hecho, por su parte, lograron escapar. Juan Marcos terminó la noche tirado en el piso de un calabozo después de ser ferozmente golpeado, insultado y amenazado de muerte, él y su familia, por la policía. Cuando corrió la noticia, comenzó el show mediático. Y no era para menos, tenía todos los condimentos de una novela policial. El prontuario de Juan Marcos, que nunca había pisado una comisaría en sus veintisiete años, mostraba un dato relevante. Es el hijo del intendente de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernandez. Fernandez es una rara avis de la política Neuquina dominada por la rosca petrolera desde casi siempre. Maestro durante más de 40 años, llegó al gobierno municipal casi de casualidad a través de un peculiar “Acuerdo Político” de sectores políticos y sociales peronistas y de izquierda derrotando por pocos puntos al MPN, mandamás del distrito durante décadas.
De honestidad reconocida por aliados y opositores. En absoluta minoría en el Consejo Deliberante, en un distrito con un presupuesto exiguo y sin apoyo del gobierno provincial, lo que menos puede decirse de Fernandez es que sea un hombre del poder.
Sin embargo, cuando se supo del caso, la prensa ligada al MPN desató una campaña contra Juan Marcos bajo el efectivo slogan “los hijos del poder”. Mucho antes de que se iniciara el juicio, los medios condenaron al peligroso terrorista Juan Marcos y profetizaron su impunidad aplicando la bien conocida técnica de la “predicción suicida” (afirmar que sucederá un hecho para evitar que efectivamente ocurra y después mostrarlo como un triunfo). Los verdaderos hijos del poder de esta provincia tomaron nota de la excelente oportunidad para matar tres pájaros de un tiro: (1) destruir a un rival político, (2) victimizar a la corporación policial y (3) desatar una persecución ideológica. Así, en primer lugar buscaron la instrumentalización política del caso, queda en evidencia con varios hechos relevantes: la intentona de destitución del recién asumido intendente, el violento allanamiento a su domicilio donde la Justicia nada tenía que buscar así como nada encontró, la persecución a los integrantes de la familia, seguimientos personales y pinchaduras telefónicas extrajudiciales, amenazas de muerte destinadas al hijo menor del intendente efectuadas por un policía de la provincia desde un teléfono público, el nombramiento durante la instrucción de la causa de un nuevo Juez acusado por delitos de torturas con el fin de que se “ocupe” de la causa del “hijo del Intendente”, el hostigamiento que recibió durante la declaración testimonial y un elocuente “acto fallido” freudiano del Juez Piana que en la sentencia utiliza el nombre del intendente refiriéndose a su hijo en dos tramos de su voto en el fallo condenatorio (pág. 8 y 11 de la sentencia). En segundo lugar, buscaron “compensar” a la corporación policial, inquieta por las múltiples condenas que en los últimos tiempos recibieron hombres de esa fuerza por sendos casos de gatillo fácil y corrupción. En efecto, la cúpula policial en pleno se encontraba junto al Ministro de Seguridad Gastaminza durante la lectura del fallo creando una atmósfera intimidante para los jueces que, de todas formas, ya habían “decidido” su voto. La cuestionada policía neuquina necesitaba victimizarse y se aprovechó del dolor de la familia Aigo para tales fines.
En tercer lugar, buscaron utilizar la conmoción del pueblo por el horrendo crimen montando una operación psicológica para asociar la demanda de las comunidades mapuches por sus territorios ancestrales con un asesinato. Así, promovieron la delirante teoría del funcionamiento de “células terroristas” vinculadas a las FARC en nuestro territorio para justificar el incremento de la intensidad represiva del accionar estatal y legitimar una actitud violenta de las fuerzas policiales en los conflictos territoriales que se producen como consecuencia del acaparamiento de tierras por parte de la emepenista Sociedad Rural Neuquina, y los estancieros, negadores del genocidio de los pueblos originarios.
Por lo expuesto, manifestamos nuestra firme convicción de que Juan Marcos y Analía son víctimas de una tremenda injusticia articulada por los sectores más concentrados y reaccionarios del poder político y policial neuquino.
Por esta razón, y aunque estamos convencidos que en cuanto un Tribunal honesto y competente intervenga en la causa este fallo bochornoso será revertido e investigará la conducta de los funcionarios judiciales intervinientes, nos disponemos a iniciar una campaña de esclarecimiento sobre los hechos que aquí se relatan, porque estando ante el primer juicio llevado adelante con el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia estaríamos avalando un muy mal precedente, donde se pasa por alto que haya testigos que se los investiga, que se justifica la tortura policial para la obtención de pruebas o declaraciones extrajudiciales que son tenidas en cuenta por los Jueces o que estos puedan mentir aviesamente tergiversando dichos de testigos para justificar la condena de Juan Marcos Fernández y Analía Godoy.