El proyecto de ley petrolera afecta la existencia de empresas como GyP y elimina el cobro del canon inicial.
NEUQUÉN (AN).- El proyecto de reforma de la ley petrolera que plantean Nación e YPF busca poner limitaciones a los gobernadores en el manejo del negocio petrolero. El texto completo, al que accedió "Río Negro" y que puede leerse completo en la versión digital del diario, posee 40 artículos y cinco secciones que incluyen temas ambientales, una reafirmación de la denominada "Ley Chevron" y un plan de estímulo para la producción de gas.
Pero los puntos calientes están en los primeros artículos. Allí se establece, ya sin eufemismos, el fin de la reserva de áreas y del carry, dos atribuciones que dieron vida a las petroleras provinciales como GyP.
También se determina que las regalías serán el único modo de capturar renta para los distritos e inclusive abre la puerta a una posible baja para casos promocionales.
A su vez, promueve la creación de un modelo único de licitación, que será determinado en acuerdo con las provincias por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica, que maneja el ministro de Economía, Axell Kicillof. Este punto es impracticable según los gobernadores.
El proyecto también dice mucho por lo que calla. Según el borrador, se elimina un párrafo del artículo 47 de la vieja ley que establece la posibilidad de cobrar un canon inicial cuando se licita un área, otro tema que enfrenta de lleno a los gobernadores con YPF.
Los municipios también se verán afectados. El borrador propone agregar un artículo 56 bis, que prohibe la creación de tasas al sector e inclusive faculta a las provincias a eliminar las existentes.
El borrador también tipifica la producción shale y permite concesiones por 35 años, en un esquema idéntico al de Loma Campana y el acuerdo entre YPF y Chevron.
También quita el artículo que prohibe a una empresa tener más de cinco concesiones de explotación (algo que en la práctica jamás se cumplió), pero deja el que faculta a la Nación a bajar hasta 7 puntos las regalías provinciales, un poder que siempre tuvo gracias a la vieja ley pero que nunca aplicó.
Finalmente, establece un régimen unificado ambiental. Faculta a las provincias, pero también a la Nación para ser autoridad de aplicación. Pone especial énfasis en el tema del manejo del agua y promueve que se recicle la utilizada en los pozos no convencionales.