Lo aprobó el Senado sin debate pero deberá ser tratado en Diputados para su sanción definitiva. La iniciativa modifica el Código Penal para sancionar a los integrantes de las fuerzas de seguridad que decidan abandonar su servicio sin permiso.
El proyecto es autoría del senador bonaerense Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) y fue acompañada por 53 legisladores, en tanto que el representante del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, votó en contra, aunque no fundamentó su decisión en el recinto.
El proyecto establece que "será reprimido con multa de entre 750 y 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año el funcionario público que sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público".
Asimismo, se establecen penas de prisión para los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, agencia estatal armada, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires que "abandonen
injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que se encuentra obligado".
Esas conductas serán reprimidas con penas de prisión de entre uno y tres años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo de la condena.
Si, como consecuencia de las acciones de abandono de las funciones, se produjeran daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o la muerte de sus camaradas o de terceros "se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos"