La empresa estatal Emhidro, que impulsa el proyecto, dijo que el organismo aún no ratificó si participará del esquema financiero para poder garantizar la inversión de la central hidroeléctrica.
Neuquén > El directorio de la empresa estatal Emprendimientos Hidroeléctricos (Emhidro), que lleva adelante el proyecto de Chihuido I, respondió con dureza al concejal del PJ Darío Martínez, quien endilgó al gobierno provincial “inoperancia” por la postergación de la obra de la represa sobre el río Neuquén, y aseguró que aún está a la espera de una respuesta de la Anses.
“(El gobernador Jorge) Sapag esconde su inoperancia con Chihuido mandando a sus aliados a endilgarle culpas (al secretario general de Presidencia Oscar Parrilli), cuando en realidad el gobierno neuquino debe las leyes y los estudios fundamentales para avanzar con el proyecto”, dijo Martínez mediante un comunicado.
El directorio de Emhidro respondió que Nación y Provincia trabajaron en la licitación de la obra y en su estructuración financiera, que prevé la participación de la Anses como suscriptora de la parte mayoritaria de los Valores Representativos de Deuda (VRD) a emitir en el mercado de capitales.
Y señaló que la Provincia consideró que “antes de continuar con el proceso político-administrativo que culmine en la adjudicación de Chihuido I, resulta prudente contar previamente con constancias de compromiso de suscripción de los VRD”. Sin embargo, la Anses aún no confirmó la participación en la financiación de la obra, y la empresa está a la espera de una respuesta.
“En caso de que la Anses reitere su voluntad de aportar los fondos en el citado esquema financiero, tal como Emhidro desea, la adjudicación se realizará inmediatamente. En caso contrario, toda la estructuración se tornará abstracta por lo que, seguramente, se paralizará la tramitación”, indicó el directorio.
Además citó declaraciones del secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, quien señaló que el financiamiento de la represa está atado al juicio que afronta Nación en Nueva York con los fondos buitres porque un fallo en contra volvería inviable las garantías del Gobierno.
Proyecto de ley
Por todo ello, Emhidro aclaró: “Hasta tanto la Provincia no cuente con esta respuesta afirmativa, resulta imprudente enviar a la Honorable Legislatura del Neuquén un proyecto de ley que puede tornarse abstracta e inaplicable si no se tiene la certeza de los fondos prometidos”.
Por otro lado, Martínez cuestionó: “Neuquén aún no cuenta con un estudio de impacto ambiental elaborado por sus técnicos que permita conocer cómo afectará la obra y la represa, y cuáles son los trabajos y acciones de mitigación que se deberían realizar”.
Emhidro respondió que esas tareas fueron elaboradas por 12 grupos de trabajo, en siete comisiones temáticas, con un total de 96 profesionales de la Provincia, de la UNCo, del INTA, de la AIC, del ORSEP, del BPN, del Obispado de Neuquén, de la UOCRA, de la agrupación mapuche Cheuquel y de los municipios de Bajada del Agrio y Zapala, Comisiones de Fomento de Quili Malal y Chihuido y Asociación de Fomento Rural de Quili Malal.
“Debemos quizás hacernos cargo de algo: no hemos tenido la capacidad de convencer a nuestros circunstanciales oponentes políticos del peligro que entraña la no realización de Chihuido I, con relación a la amenaza cierta de rotura de los diques de Portezuelo Grande y de El Chañar, ante las crecidas extraordinarias que podrían suceder”, destacó el directorio de Emhidro.
La construcción de la represa fue pre-adjudicada en 2010 al consorcio integrado Electroingeniería, CPC, Rovella Carranza, Hidrocuyo SA y la constructora brasileña OAS LTD, firma que venía de la mano del banco BNDES (Banco de Desarrollo del Brasil), quien financiaría la mitad de la obra.