JESÚS ESCOBAR (*)
El acuerdo entre YPF SA y la
Provincia del Neuquén para viabilizar la explotación de hidrocarburos no
convencionales en el área de Loma Campana fue debatido en la
Legislatura neuquina en tres comisiones y como resultado de dicho
trabajo se emitieron dos despachos: uno solicita aprobarlo, cuyos
miembros informantes serán los diputados Raúl Podestá y Luis Sapag, y el
otro propone el rechazo y tendré la responsabilidad de ser miembro
informante del mismo. Todo indica que el 28 de este mes será tratado en
la cámara.
La razón central por la que proponemos el rechazo del
acuerdo "máscara" entre YPF SA y Neuquén es que esconde el verdadero
acuerdo, "el acuerdo Chevron", y éste es secreto, oculto y desconocido.
Los
legisladores tenemos la obligación y responsabilidad de no legitimar
algo que desconocemos. Así, es sumamente necesario que la Provincia, en
su carácter de concedente, tenga conocimiento acabado de lo que se va a
hacer en suelo neuquino, y para ello resulta indispensable acceder a los
términos del acuerdo entre las dos explotadoras del área. Esa necesidad
adquiere suma potencialidad al haber sido las acciones de YPF
expropiadas por el Estado nacional, por lo que todo el comportamiento de
YPF es de interés público puesto que la expropiación se va a pagar con
dinero público y el éxito o fracaso de la empresa tiene directa
implicancia en la economía de nuestro país.
La explotación de
hidrocarburos no convencionales va a realizarse entre dos empresas, YPF y
Chevron. En rigor de verdad, la explotación de esa área no sería
posible una sin la otra; es decir, se necesitan mutuamente. YPF es la
actual concesionaria, por lo que Chevron por sí sola no podría explotar
el área, y, por su parte, YPF no cuenta con la tecnología ni con los
recursos que la estadounidense le aporta. Es por eso que de manera
conjunta llevarán a cabo la explotación.
Según expresiones de
funcionarios provinciales, Chevron sólo sería un "operador financiero".
Estos dichos no tienen ningún sustento; en primer lugar, porque ni la
Provincia conoce el acuerdo entre las dos empresas, por lo que mal puede
saber cuál es la participación que va a tener Chevron en la
explotación. En segundo lugar, porque la misma YPF, en nota a la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires del 16 de julio, detalla: "Informamos que
YPF SA y sus subsidiarias y subsidiarias de Chevron Corporation han
firmado en el día de la fecha un acuerdo de proyecto de inversión con el
objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales
en la Provincia del Neuquén".
De los mismos dichos de YPF se
desprende la existencia del acuerdo entre las dos empresas y se expresa
claramente "explotación conjunta".
Así las cosas, nos quieren
hacer creer que sólo YPF va a explotar el área y Chevron sería una
suerte de financiera, cuando verdaderamente estamos ante dos empresas
que se asocian para explotar un área y sólo YPF es la cara visible hacia
la Provincia. Consecuentemente, YPF asume todas las obligaciones y
responsabilidades frente a la Provincia del Neuquén, dejando totalmente
indemne a la estadounidense, que parece que participa de los beneficios
pero no de las obligaciones.
Por sí solo este escenario sería
suficiente para rechazar el acuerdo entre YPF y Neuquén pero,
lamentablemente, lo descripto no sólo es sumamente oscuro sino también
inconstitucional e ilegal.
En sólo dos días se aprobó el decreto
nacional 929/13, de promoción de inversiones hidrocarburíferas, y se
presentó y aprobó un proyecto de inversión entre YPF y Chevron de más de
mil millones de dólares. Mucha premura para tamaño proyecto, que
compromete los recursos naturales y el medioambiente hasta el 2048.
Por
otra parte, el decreto nacional 929/13 es a todas luces
inconstitucional; por un lado, por ir en violación de la ley de
hidrocarburos, modificando los años y la modalidad de otorgamiento de
concesiones hidrocarburíferas y pasando por alto al Congreso de la
Nación, y por otro, por avasallar las facultades propias de las
provincias. Así, el decreto 929/13 resulta violatorio de las leyes 17319
y 26197 y de la Constitución nacional (artículo 124).
Por su
parte, la Provincia del Neuquén no se quedó atrás, adhirió al decreto
citado y firmó un acuerdo con YPF para extender la concesión de un área
por 22 años más (cuando la ley sólo lo permite por diez años),
finalizando así la concesión en el 2048.
Sumado a esto, le otorga
beneficios impositivos a YPF: el Estado neuquino se compromete a
mantenerle una alícuota de Ingresos Brutos inmodificable hasta el 2048.
Asimismo, renuncia a la jurisdicción de los tribunales locales para
cualquier diferendo que no sean los pagos comprometidos por la empresa.
Y, para cerrar el paquete, conforma una comisión en conjunto entre la
empresa y la Provincia para el control del cumplimiento de normas del
medioambiente; el sujeto controlado se controla a sí mismo.
Como
este procedimiento está plagado de ilegalidades, necesita acuerdo
legislativo para obtener cierta legitimidad. La firma por parte del
gobierno nacional del acuerdo con Chevron, en un proceso improvisado,
ilegal y oscuro, realizado a espaldas de la ciudadanía, es el
reconocimiento del fracaso de su errónea política energética, con el
agravante de que seremos los argentinos y en particular los neuquinos
los que pagaremos el costo de la irresponsabilidad de la presidenta. Así
hechas las cosas, comienzan mal. Es un manotazo de ahogado.
Vaca
Muerta representa una oportunidad histórica para los argentinos y para
los neuquinos. En nuestras manos está imprimirle seriedad al tema,
hacerlo planificado, modificando previamente la normativa necesaria;
recuperar la renta para el Estado y de este modo lograr un desarrollo y
una explotación de los recursos dotados de transparencia, sujetos a las
leyes y respetuosos del medioambiente. Podemos continuar haciendo las
cosas mal o, de una vez por todas, poner nuestros recursos, capacidades e
inteligencia al servicio de la construcción de una sociedad más justa.