En el día en que la Corte Suprema inicia el año judicial, la funcionaria dijo que es más preocupante el “lobby aceitado” que ejercen “las corporaciones financieras" y "mediáticas" que las presiones del Ejecutivo que son “sobredimensionadas”.
En una semana clave en la Justicia argentina, la procuradora Alejandra Gils Carbó dio reportajes en tres diarios nacionales donde señaló que la Justicia actual es "ilegítima, corporativa y oscurantista”.
Y agregó que es más preocupante el “lobby aceitado” que ejercen sobre los jueces "las corporaciones financieras" y las "mediáticas" que las presiones del Poder Ejecutivo que son “sobredimensionadas”.
Para la jefa de los fiscales, es más preocupante "el poder hegemónico" que ejercen sobre los jueces "las corporaciones financieras" y las "mediáticas" que las presiones del Poder Ejecutivo, que encuentra sobredimensionadas.
Gils Carbó dijo a La Nación –en el día previo a acto de apertura del año judicial que este martes encabeza la Corte Suprema- que sería "saludable" una renovación de la Justicia y "podría ser interesante" que, como pretenden algunos kirchneristas, los jueces rindieran exámenes para permanecer en sus cargos.
En una entrevista con el diario Página/12, la procuradora señaló que “el sistema judicial es burocrático y autoritario” y que “tiene que haber un cambio cultural” en este sector.
En tanto, en el diario Tiempo Argentino, manifestó que no hay una Justicia “al servicio de la comunidad” y que ese es “uno de los puntos principales de debate: quebrar esta forma de funcionar que nada tiene que ver con los intereses de la sociedad. Tiene que ver con lo que pasa en la oscuridad de los pasillos. Con el toma y daca del poder”, manifestó la funcionaria elegida por Cristina Fernández de Kirchner.
La jefa de los fiscales encabezará, por su parte, un encuentro por una "Justicia legítima", reuniendo a jueces, fiscales y defensores que denuncian a "la corporación judicial", en un aglutinamiento que nace como reacción a una declaración de la Comisión de Independencia Judicial que denunció presiones del Gobierno en el caso de la llamada Ley de Medios.