Jorge Gadano jagadano@yahoo.com.ar
El ocho de noviembre del año 2008, un mes antes de cumplir su primer año en el gobierno neuquino, Jorge Sapag firmó el decreto 2004. Más que un decreto fue una proclama que en un tono entre severo y solemne y destacando la situación incierta del mercado financiero global anunciaba el comienzo de una política de austeridad que incluía todas las variables del gasto público, en primer lugar el concerniente al personal del Estado. Pasados unos cuatro años, otros decretos ratifican esa política por un lado, y por el otro la desvirtúan. Apenas iniciado este año se conocieron siete decretos que autorizan renovaciones y prórrogas de contratos precarios.
En sus considerandos el decreto del 2008 habló de la necesidad de compatibilizar la ejecución presupuestaria con la de ingresos; ajustar la regulación de gastos a las posibilidades de pago; impulsar acciones de racionalización administrativa y contención de gastos: mantener la liquidez del tesoro provincial; optimizar el uso de los recursos disponibles; cumplir con el artículo 20 de la ley 2141, en cuanto prescribe que no podrán aprobarse gastos para cuya imputación no exista saldo presupuestario disponible; y así.
El bombardeo al gasto en cuestión se inició con el artículo 3º: "PROHÍBESE –así, con imperativas mayúsculas– a los organismos públicos provinciales la contratación de servicios que se presten a título personal…".
El artículo 4º dejaba sin efecto "la totalidad de los contratos –autorizados hoy por otros decretos– de renovación automática o prórrogas previstas en los contratos de locación de servicios personales celebrados por organismos provinciales".
Más adelante, el artículo 7º prohibía "propiciar modificaciones en la situación laboral de los agentes públicos que determine incremento de la masa salarial, y designaciones de personal, sea cual fuere la situación de revista".
La norma, refrendada por todos los ministros, invitaba a los poderes Legislativo y Judicial a adoptar medidas similares.
Contratos disfrazados
Es conocido el principio de que las leyes se hacen para ser cumplidas. Está dirigido a todos quienes habitan un país, pero hay gobernantes que se consideran excluidos. Porque así como una ley puede ser derogada por otra ley, es posible que un decreto sea derogado por otro decreto. Lo que hizo Sapag, más de una vez, fue dictar otros decretos que autorizaban a contratar personal, disponiendo que para el caso quedaba en suspenso la vigencia del 2008.
Pero llegó el 2012, con una situación del mercado financiero global que se mantenía "incierta".
Era menester volver a hablar de austeridad, y así lo hizo el decreto 1214, del 11.6.2012, que en su fundamentos hizo saber que "el nivel de gastos aprobado (en el presupuesto de ese año) requiere de una administración precisa y austera…". El párrafo siguiente descubría que "por lo tanto resulta necesario aplicar medidas de control en la ejecución del gasto con el objeto de una mejor y más eficiente aplicación de los recursos de que dispone la hacienda pública".
Las medidas adoptadas por el 1214 fueron, al menos en su formulación, contundentes. Siempre con un uso severo de las mayúsculas, el artículo 1º del 1214 ordenaba que el ministerio de Economía sólo autorizaría por excepción los aumentos de gastos. El 2º suspendía nombramientos, congelaba vacantes y prohibía la contratación de servicios personales. Luego seguían prohibiciones de gastos usuales como el alquiler de inmuebles y vehículos y los de protocolo y agasajos.
Seis meses después se pudo advertir que no se cumplían debidamente las normas del 2014. Cuidadosamente, un nuevo decreto, el 2327, del 26.12.2012, dijo que persistían "los motivos que dieron origen" al dictado del decreto 1214. Dicho de otra manera, los funcionarios públicos no habían cumplido con su deber. Como si fuera un recordatorio, el 2327 reiteró, en líneas generales, lo dispuesto por su predecesor. Pero sólo un mes después se desató una nueva escalada de renovaciones y prórrogas de contratos de trabajo disfrazados de locación de servicios, designaciones "como personal mensualizado", locación de servicios "bajo la modalidad de plazo fijo" y prácticas rentadas. Así están las cosas cuando, en el aniversario de la fundación de San Martín de los Andes, Sapag informó que este año vencen 700 millones de pesos de deuda pública provincial.