Por Javier Del Rey Morató PROFESOR DE COMUNICACION POLITICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Escribimos estas líneas de noche y de madrugada, a partir de
conversaciones y tertulias en radio y televisión. Aspiramos a trasladar a
nuestros lectores el malestar existente en España, y el deterioro de la imagen de Argentina en el mundo
. Como cualquier país, Argentina persigue sus intereses nacionales, que
pueden pasar por nacionalizar una empresa de un sector considerado
estratégico. Que el Estado quiera tener la mayoría de las acciones -como
acontece con Petrobrás (Brasil) y con PDVSA (Venezuela)-, es legítimo.
Otra cosa es el modo en que lo ha hecho.
En
España la decisión ha causado conmoción. Repsol entiende que se han
vulnerado los más fundamentales principios de seguridad jurídica y de
confianza de la comunidad inversora internacional. El gobierno tiene un
enfado descomunal. Los empresarios afirman que Cristina ha acuñado la
imagen de su país: es la de un chavismo rioplatense . En la
prensa puede leerse: Argentina es una nación okupa, asaltadora de
derechos, declaración de hostilidad económica, arbitrariedad, expolio
consumado.
La Comisión Europea apoyó a España, y le dijo a
Argentina que habría consecuencias, pero la CE no tiene competencias.
Antes de este episodio, el país recibió críticas en la OMC por poner
trabas arbitrarias a la importación. EE.UU. anunció la anulación de las
preferencias comerciales para Argentina porque ésta se niega a pagar 300
millones de dólares en fallos arbitrales originados por desacuerdos con
empresas locales a propósito de inversiones. Italia protestó por la
política de tarifas eléctricas. Chile y el MERCOSUR rechazan el
proteccionismo de Argentina.
Argentina es el país más demandado del mundo ante el CIADI
: 49 de los 184 casos iniciados son contra Argentina. La falta de
transparencia, la arbitrariedad y la incertidumbre son incompatibles con
la seguridad que necesitan los inversores extranjeros. Hélio Jaguaribe
decía que la cultura política argentina tiende a la confrontación, no al consenso.
En Chile da igual que el secretario de Comercio se llame Guillermo
Moreno o Manolo Gafotas, y que el viceministro de Economía se llame Axel
Kicillof o Pepe Farolas.
Y da igual la última ocurrencia del Presidente de la República: importan el Estado de derecho y los compromisos adquiridos
. Un empresario español se hace tres preguntas: ¿hubiera actuado así
Cristina si YPF Repsol fuera francesa? ¿Y sí si los gallegos no hubieran
descubierto Vaca Muerta? ¿Hubiera actuado así un presidente del Partido
Radical? Y coincide con este columnista en la crítica a los ministros
españoles de Industria y de Exteriores: sobreactuaron, transmitieron nerviosismo, frustración, y quedaron descalificados como interlocutores
. Sólo añadieron gasolina al incendio: le dieron a Cristina un pretexto
para mover ficha. Ese empresario -harto de la obediencia debida del
gobierno español al diktat de Merkel-, emigra a Chile, que promete más
que Argentina. Y más que España. Ya en la madrugada de hoy, cuando
cerraba el artículo, escucho en Internet una emisora regional:
Deberíamos pensar si vivimos en un Estado de Derecho o si los que nos
gobiernan son una pandilla de mafiosos. ¡El acento es argentino!