El intendente los denunció por la rotura de un caño de agua.
El intendente de Picún Leufú, Clemente Casamajou, denunció ayer a la Junta Interna del EPAS de sabotaje, al atribuirle la rotura de un caño principal que dejó sin agua desde el lunes a la tarde a los más de 3.000 habitantes de la localidad. La situación paralizó a la administración pública, generó inconvenientes en el hospital y motivó el cierre de las escuelas.
El funcionario municipal relacionó el hecho con la protesta salarial que lleva adelante el sector desde principios de mayo, y que ayer se intensificó con el corte de la Ruta Nacional 237. Una medida que se volverá a repetir hoy desde las 8.
“Queremos hacer responsable a la Junta Interna de ATE en el EPAS, que lleva adelante el conflicto. Días atrás también cortaron la ruta y no dejaron pasar camiones de agua a los crianceros de las zonas rurales”, dijo Casamajou.
El incidente ocurrió alrededor de las 16.30 del lunes. Según los peritajes policiales, dos personas rompieron con un objeto contundente unos 15 metros de cañería que toma el agua del prelago en Picún para llevarla hasta la planta del EPAS. “Eran dos personas, por los rastros que dejaron, las que provocaron esto”, aseguró el jefe comunal a LU5.
Todo hacía prever que ayer a la tarde el servicio estaría restablecido. Es que luego de reparar el caño roto se encontraron con la ruptura de una conexión de acero en una de las cámaras de desagüe. “A las 14 teníamos planeado restablecer el servicio y nos encontramos con que también habían roto a barretazos la conexión de acero que conecta con las cámaras de desagüe”, manifestó.
Corte de ruta
Los 16 trabajadores del EPAS realizaron desde las 8 de ayer un corte total de la Ruta 237 que se extendió hasta las 16. La protesta generó colas de hasta dos kilómetros de autos, camiones y colectivos, dado que no se habilitaron caminos alternativos.
Carlos Muñoz, integrante de la Junta Interna de ATE en el EPAS, argumentó que la medida se tomó porque el Ejecutivo otorgó un aumento de 500 pesos por decreto luego de que se levantara la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo hacía dos semanas. El sector pide 1.500 pesos.
Sobre las acusaciones de Casamajou, afirmó que en el momento de la rotura del caño los trabajadores estaban reclamando en la Municipalidad custodiados por la Policía. “Nosotros no fuimos”, concluyó.
Los orígenes del conflicto
Los trabajadores que mantienen las medidas de fuerza en Picún Leufú pertenecen al EPAS pero dependen del Municipio por un convenio que firmó la Provincia con la intendencia en 2010. La comuna es la que está a cargo del servicio de agua. La Provincia envía 250 mil pesos por mes para afrontar los salarios de los trabajadores y todo lo relacionado con el servicio de agua y cloacas, y el traslado del servicio a la zona rural. Esta situación provocó que el sector no reciba la recomposición salarial que se le otorgó al EPAS en 2013, ni la que recibieron los municipales de Picún Leufú.