Los oficiales acusados son Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender, Andrés Albarran, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez. Todos están actualmente presos y procesados por “desaparición forzada de persona”.
Desde el inicio, la investigación del caso ha tenido los rasgos de una mala novela policial. Solano había llegado en 2011 a Choele Choel, desde Salta, como otros tantos trabajadores golondrina, para cosechar tomate. Lo contrató “Agro Cosecha”, una empresa conocida por ubicar a sus empleados en galpones.
El joven dormía en una estructura junto a 150 compañeros que compartían un único baño. La seguridad del lugar estaba a cargo de ex miembros de la Brigada de Operaciones Antidisturbios (BORA), una unidad desarmada en 2012 por el ex gobernador Carlos Soria.
Como Solano había estudiado y era bueno con los números, lo nombraron representante gremial de los cosechadores. El chico sabía lo peligrosa que era la designación, pero aceptó, según contó a Clarín su padre Gualberto.
Cuando la empresa pretendió bajarles el salario de 1.000 a 500 pesos y quitarles beneficios acordados en Salta, Solano reclamó la diferencia.
El abogado de la familia, Sergio Herrera, relató que el viernes 4 de noviembre, el joven le informó a uno de los administradores que los 250 trabajadores harían un paro si no les cancelaban 1.000 pesos adeudados.
Alertado por sus compañeros acerca de que podría sufrir un escarmiento, esa noche dijo que se quedaría tranquilo. Pero, finalmente, las ganas de salir a bailar pudieron más. Entonces fue al boliche “Macuba”.
Sin motivo aparente, un grupo de policías lo atacó ante la presencia de decenas de personas. Una vez afuera lo continuaron castigando, lo que fue visto por una pareja de novios. Después lo subieron a un patrullero.
Según consta en el expediente, los dos jóvenes los siguieron hasta la “Isla 92”, un balneario local ubicado cerca de la ciudad, donde les perdieron el rastro.
Los familiares denunciaron su desaparición en la comisaría 8°. Sin embargo, la mayoría de los integrantes de esa seccional habían participado del episodio con el trabajador.
La primera investigación fue encargada por la jueza Marisa Bosco, quien se mostró siempre a favor de la hipótesis de que Solano se había marchado por sus propios medios. “¿Por qué no lo buscan en Bolivia?”, llegó a decir la magistrada, que fue recusada.
Pasados 30 días de búsqueda, los oficiales aseguraron que no habían encontrado indicios del desaparecido. Siguiendo el testimonio de dos prostitutas dominicanas, el oficial Martínez llegó a ordenarle a tres agentes que viajaran a Neuquén. Los policías permanecieron varios días en la capital. Aunque no encontraron señales del joven, sí tuvieron tiempo de emborracharse y protagonizaron un altercado, según lo ratificó Herrera.
“Los canas se ocuparon de poner testigos falsos y truchar todo, toda la investigación es trucha”, indicó Pablo Solano, tío de la víctima.
El abogado de la familia pretende que también sean procesados los dueños de “Agro Cosecha”, Pablo Mercado y Gustavo y Adrián Lapenta, como autores ideológicos de la tortura y desaparición de Solano.