La
Ley Nº 2762, sancionada por la Legislatura de la Provincia de Neuquén el
día 7 de abril de 2011, establece los límites y alcances del uso de
videocámaras en todo el territorio de la Provincia de Neuquén.
Según el texto de la citada ley, el gobierno provincial tenía un plazo de noventa (90) días para reglamentar la ley.
Reglamentación que nunca efectuó.
La reglamentación no es una cuestión meramente formal, sino que debe
señalar quién custodia las imágenes, el procedimiento y régimen de
autorización de su colocación, la periodicidad en las que las imágenes
captadas en soportes originales son remitidas a quien le corresponda la
custodia (sin extraer ninguna copia ni realizar manipulaciones de
ninguna clase), en qué plazo deben destruirse las grabaciones, etc.
La ley señala que la instalación de videocámaras debe tener una
resolución motivada, previo a su colocación, determinando en forma
precisa el tiempo que requiere su utilización y el ámbito físico
susceptible de ser grabado, debiendo informar a la población mediante
medios masivos de comunicación y carteles indicativos la existencia de
videocámaras en la zona.
Por otra parte la ley establece lo
siguiente: la autoridad de aplicación “antes del 31 de diciembre de cada
año deberá presentar un “Informe Anual De Gestión” al Poder Ejecutivo y
Poder Legislativo Provincial en el que detalle, entre otros puntos, la
justificación de la continuidad de la medida, la cantidad de cámaras
instaladas precisando la ubicación geográfica de cada dispositivo, la
calificación técnica de las personas encargadas de la operación del
sistema de captación de imágenes y las medidas adoptadas para garantizar
el respeto a las disposiciones legales vigentes, etc.
Lo que
no llama la atención, es que existen numerosas cámaras de
“videoseguridad”, ya colocadas, que no cumplen con la normativa vigente
(ya lo sabemos, Sapag anunciará los millones invertidos para colocar
nuevas cámaras de seguridad) y la confesión delictiva del propio
Ministro de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, Gabriel
Gastaminza, en sus manifestaciones realizadas a la prensa en fecha 10 de
marzo del corriente año.
Gastaminza dijo: “por ahora no vamos a
reglamentar la ley de videoseguridad” y que “el control de las cámaras y
las imágenes estará en manos de la policía”.
Es decir que
Gastaminza no solo admite que no va a cumplir con realizar la
reglamentación de la ley (que es fundamental para garantizar los
preceptos que ella incluye), sino que también confiesa otra abrupta
violación: delega en la policía (recuerden que la ley habla de personal
con calificación técnica), la tarea del control.
Paradoja: no
se coloca ni una sola videocámara de seguridad en las comisarías, ni en
las unidades de detención donde se comenten todos los días delitos en
manos de la policía, pese a que existen expresas órdenes judiciales que
obligan al Poder Ejecutivo a garantizar un sistema de videocámaras en
las cárceles y que el gobernador (y ministro de seguridad) incumplieron.
Cuidado, Sapag quiere controlarte como se le antoja, le delega por
“casualidad” esa función a la policía (¿calificada?), y quiere sortear
el control estricto que deben tener las imágenes de los monitoreos.
Sapag hace inteligencia, persigue, criminaliza, pero no se encarga de
poner cámaras de seguridad donde están sus funcionarios, ni en las
cárceles y comisarías, porque quiere garantizar la impunidad de quienes
son los primeros que delinquen.
Cuando el Estado no se encarga
de poner cámaras de seguridad donde están sus funcionarios, ni en las
cárceles y comisarías, pero monitorea a sus ciudadanos, garantiza la
impunidad.
ZAINUCO