La Defensoría del Pueblo de la Nación instó hoy a la ANSES a cumplir con el "Acuerdo de solución amistosa" para garantizar, como estaba pautado, el pago de las sentencias a jubilados que estén firmes.
En total, había 17.533 procesos de ejecución previsional con sentencia hasta diciembre del año pasado, que no tenían respuesta pese a que los fondos (3500 millones de pesos) habían sido determinados.
Anselmo Sella, defensor adjunto I, explicó en un comunicado que en el acuerdo celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de noviembre de 2009, "el Estado argentino se comprometió a restituir a todos los jubilados argentinos actuales y futuros sus derechos a la seguridad social y a contar con una protección judicial eficaz y oportuna".
Sella sostuvo que "el Estado se encuentra obligado a garantizar que el cumplimiento de las sentencias dictadas por el poder judicial sea sencillo, rápido y efectivo, debiendo arbitrar los medios a fin de impedir que las mismas sean sometidas a la discrecionalidad de la Administración".
En diálogo con Perfil.com, el adjunto II de la Defensoría Juan Jesús Mingues explicó que la ANSES está "dilatando los fallos de los jubilados" que llegaron a esos juicios por motivos diversos (diferencia y actualización de haberes, entre otros): "Nosotros queremos que se cumpla, no solamente hay normas nacionales también acuerdos internacionales no se están cumpliendo", indicó.
Consultado sobre las razones que aduce el ANSES para demorar los pagos, Miguens destaco que "ningún argumento nos ha convencido, formalmente no hemos tenido ninguna repuesta” más allá de una aclaración que se repite: “Seguimos con los procesos".
En total, había 17.533 procesos de ejecución previsional con sentencia hasta diciembre del año pasado, que no tenían respuesta pese a que los fondos (3500 millones de pesos) habían sido determinados.
Anselmo Sella, defensor adjunto I, explicó en un comunicado que en el acuerdo celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 4 de noviembre de 2009, "el Estado argentino se comprometió a restituir a todos los jubilados argentinos actuales y futuros sus derechos a la seguridad social y a contar con una protección judicial eficaz y oportuna".
Sella sostuvo que "el Estado se encuentra obligado a garantizar que el cumplimiento de las sentencias dictadas por el poder judicial sea sencillo, rápido y efectivo, debiendo arbitrar los medios a fin de impedir que las mismas sean sometidas a la discrecionalidad de la Administración".
En diálogo con Perfil.com, el adjunto II de la Defensoría Juan Jesús Mingues explicó que la ANSES está "dilatando los fallos de los jubilados" que llegaron a esos juicios por motivos diversos (diferencia y actualización de haberes, entre otros): "Nosotros queremos que se cumpla, no solamente hay normas nacionales también acuerdos internacionales no se están cumpliendo", indicó.
Consultado sobre las razones que aduce el ANSES para demorar los pagos, Miguens destaco que "ningún argumento nos ha convencido, formalmente no hemos tenido ninguna repuesta” más allá de una aclaración que se repite: “Seguimos con los procesos".