La nueva Ley de Hidrocarburos obtuvo 130 votos a favor y 116 en contra.El Movimiento Popular Neuquino votó dividido.
A pesar del rechazo de la oposición, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró sancionar este miércoles la nueva Ley de Hidrocarburos y selló así el capítulo iniciado hace seis meses en medio de tironeos entre Nación y las provincias petroleras.
Como dato saliente de la jornada, el kirchnerismo no contó con el apoyo habitual de dos de los tres integrantes del Movimiento Popular Neuquino: la presidenta del bloque, Alicia Comelli, siguió la línea trazada por el gobernador Jorge Sapag y optó por abstenerse, mientras que María Inés Villar Molina votó en contra. El único en pronunciarse a favor fue Adrián San Martín.
Sí apoyaron la ley el Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro y los monobloquistas del PJ La Pampa, el Movimiento Solidario Popular, el FIS y el Movimiento Popular Fueguino.
A lo largo de un debate de 14 horas, la oposición desplegó diferentes argumentos: aseguró que la reforma avasalla las autonomías provinciales y sólo beneficia a YPF, además de "blanquear” las condiciones del polémico acuerdo firmado entre la petrolera estatizada y Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.
Los bloques disidentes también criticaron el límite a las regalías que perciben las provincias, la posibilidad de prorrogar las concesiones y el uso del fracking que habilita la ley.
Por el contrario, el kirchnerismo sostuvo que la norma abrirá un proceso de licitación competitivo para la llegada de las inversiones que se necesitan para recuperar el autoabastecimiento y evitar la fuga de divisas por la necesidad de importar energía.
El debate
Las miradas se posaron esta vez en el MPN, el partido que gobierna la provincia donde se encuentra el prometedor yacimiento de Vaca Muerta.
La jefa del bloque, Alicia Comelli (MPN) defendió la postura del gobernador Jorge Sapag, quien llevó la voz cantante de las negociaciones con el Gobierno nacional, y apuntó contra quienes "pretendieron estigmatizar al gobierno de la provincia como que obstaculizaba las inversiones”.
"Nada más alejado de nosotros”, dijo, aunque aclaró: "Neuquén no es una isla, pero tampoco queremos ser una colonia”.
A su turno, la kirchnerista neuquina Nanci Parrilli consideró que la discusión por la nueva Ley de Hidrocarburos quedó empañada por la interna del MPN, donde también juega el sindicalista petrolero Guillermo Pereyra, que encabezó un férreo rechazo a la ley en el Senado.
"Hoy tenemos un apoyo del gobernador que después de largas negociaciones ha aceptado los condicionamientos de la Nación”, destacó Parrilli.
Sin embargo, dijo, "sus diputados y senadores no están dando el apoyo a esta ley trascendente, dejando en un lugar muy conveniente al gobernador, diciendo que ha sido presionado o que no se están defendiendo los intereses de los neuquinos”.
La arremetida de la oposición arrancó con el radical santacruceño Eduardo Costa, quien dijo estar ante "una ley buitre” y "una de las mayores entregas de recursos naturales que ni las políticas neoliberales de (Carlos) Menem se atrevieron a otorgar”.
"Es una ley buitre porque les da a los que han generado esta crisis, a los que no invirtieron y a los que se llevan nuestros recursos, más herramientas y beneficios, perjudicando a las provincias productoras”, afirmó.
Claves de la nueva Ley de Hidrocarburos
El proyecto de Ley de Hidrocarburos fue acordado tras varios meses de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
El texto fija nuevos plazos para las concesiones, ampliados y diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Las provincias podrán otorgar prórrogas de 10 años a las empresas que cumplan con las inversiones.
Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración. Estas no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares, en todos los casos.
Para adjudicar las concesiones, el texto establece un mecanismo de licitación competitiva, de modo de otorgarlas a las empresas que ofrezcan la mayor inversión.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, la ley suprime las reservas de áreas, mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión”.
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
La norma establece que el concesionario de explotación pagará mensualmente al concedente en concepto de regalía un 12 por ciento.
Por cada prórroga otorgada, las provincias podrán incrementar en un 3 por ciento las regalías, pero con un tope del 18 por ciento.