La Justicia Federal no halló pruebas, pero remitió todo a la provincia para que siga la pesquisa.
VIEDMA (AV).- Una denuncia penal presentada el año pasado ante el Juzgado Federal de Viedma por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, por presunta trata de personas con fines de explotación sexual, fue archivada. Así lo confirmó la secretaria penal, a cargo por estos días de ese juzgado, Mercedes Barco, al explicar que tras unos meses de investigación y ante la falta de pruebas, la causa fue archivada por iniciativa de la fiscal federal Inés Imperiale, con el acuerdo de la jueza Federal Mirta Filipuzzi.
Detalló que en julio del año pasado se recibió una denuncia penal por presunta trata de personas pero no en la línea investigativa que lleva adelante la Justicia provincial por presunta corrupción y prostitución de menores. Aclaró que en aquella denuncia no se precisó ningún nombre ni lugar.
Barco agregó que la Fiscalía Federal investigó la situación durante unos meses y ante los resultados negativos la causa fue enviada al archivo en setiembre u octubre. Dijo que en la investigación participaron efectivos de la Prefectura de Patagones, pues es la "única fuerza que cuenta con personal especializado en el tema", reiterando que "en ese momento dio resultado negativo".
Tras negar que el expediente "haya estado cajoneado", la funcionaria judicial aclaró que la denuncia penal fue por presunta trata de personas, que es temática de competencia federal.
Además aclaró que, sin perjuicio a la ausencia de datos que confirmaran la versión y de haberse dispuesto el archivo, a instancias de la fiscal Inés Imperiale fueron enviadas copias de la causa a la Justicia provincial a principios de noviembre del año pasado, "ante la posibilidad de una situación de desamparo o de incumplimientos funcionales".
Consultada sobre detalles de esa presentación archivada no los ofreció, por desconocer "en qué punto, más allá de la calificación, se puede conectar o no con la investigación que lleva adelante la Justicia provincial". "Por una cuestión de prudencia hacia la otra causa que desconozco y por si puedo llegar a entorpecer algo. Es una cuestión de prudencia institucional y no sé en qué punto se puede llegar a entorpecer ofreciendo más datos", justificó.
Sólo se limitó a señalar que en la causa iniciada y archivada no se mencionó a ninguna persona, como tampoco un lugar determinado. Reiteró que la causa se inició y en su momento dio resultado negativo tal como fue planteada. "Por lo que se ha difundido en los medios, la investigación provincial es otra cosa", aclaró.
Barco confirmó también que la denuncia penal ante el Juzgado Federal de Viedma fue presentada por un operador del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro.