Un juez federal sospecha que seis empresarios defraudaron al Estado con “procedimientos de pago no trasparentes”.La Justicia investiga a seis empresarios de la salud por supuesto fraude a la obra social de los jubilados, PAMI, en un monto total que asciende a los 21.700.000 pesos, cometido entre 2000 y 2005.
Para el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid ese grupo de empresarios perjudicó a miles de jubilados de la zona sur del conurbano bonaerense a través de “procedimientos de pago no trasparentes”, según publicó Clarín en su edición impresa de hoy.
Entre los sospechados se encuentra Rubén Romano, que tuvo en su momento vínculos con el asesinado Sebastián Forza y está procesado por amenazar a la ex ministra de Salud y titular de PAMI, Graciela Ocaña.
El juez Aráoz de Lamadrid investiga, sin embargo, unas operaciones financieras que habría realizado Romano durante el 2000, cuando creó Abril Salud, una administradora del sur de Buenos Aires que se inscribió dentro de Uniones Transitorias de Empresas (UTEs).
A través de Abril Salud, Romano administraba el dinero que el PAMI giraba a las clínicas privadas para cubrir parte de las coberturas médicas otorgadas a los jubilados.
Con la excusa de que el PAMI no pagaba en tiempo y forma, Romano y Osvaldo Corti (otro de los empresarios sospechados) armaron la financiera Walfox, que adelantaba el dinero a las clínicas y después se lo cobraba al organismo público.
Según Aráoz de Lamadrid, Romano y Corti "derivaron 21.700.000 pesos (provenientes del Estado) a una empresa ficticia creada por ellos (Walfox)". Ahora, y junto a otros cuatro empresarios más, serán investigados.