El suspendido fiscal dijo que la medida es propia de un "Estado totalitario". La Procuración afirmó que "no hay persecución"
El traslado de los integrantes del equipo del fiscal José María Campagnoli -que investigó al empresario kirchnerista Lázaro Báez- desató este lunes (10-2) una fuerte polémica entre su ex titular y la Procuración General de la Nación (PGN) que dirige Alejandra Gils Carbó.
"Están pretendiendo desmantelar una fiscalía que funcionaba bien y podía llevar al esclarecimiento un montón de casos", dijo Campagnoli, quien definió a la acción como propia de "un Estado totalitario" y denunció que "esto tiene mucho olor a represalia" por el caso Báez.
En un comunicado, la Procuración desmintió las acusaciones y dijo que tras la suspensión de Campagnoli se decidió que "las siete personas que se desempeñaban en la SIPE en Saavedra pasaran a desarrollar las mismas tareas en el edificio donde funciona la Dirección General de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido", la "responsable de coordinar la SIPE".
Campagnoli sostuvo que "están mandando al destierro, a archivar causas, a investigadores valientes, que son chicos jóvenes que aman la carrera judicial y quieren un país mejor" y anticipó que avisará "de este atropello al secretario del gremio de judiciales, Julio Piumato".
La fuente de la Procuración, por su parte, negó que los miembros de la SIPE vayan a oficinas donde haya expedientes judiciales "porque ahí sencillamente no hay archivos" y precisó que ese órgano "estará ahora a cargo del doctor Norberto Sagretti".
"En la implementación de esta medida no hubo hostigamiento ni persecución de ningún tipo hacia los trabajadores, así como tampoco se afectaron fuentes de trabajo, ni se produjeron cambios en las funciones asignadas", agrega el comunicado.
El 12 de diciembre el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público suspendió a Campagnoli, luego de que la Procuradora Alejandra Gils Carbó lo acusara de modificar el objeto procesal de una causa que salpicaba a Báez.
En ese momento también investigaba a la barra brava de River y tenía escuchas donde aparecía involucrado Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez.