El Juzgado Civil, Comercial y de Minería número 4 ordenó que el gobierno de Jorge Sapag entregue el contrato y las cláusulas secretas en un plazo máximo de 48 horas. La provincia apelará la decisión
Uno de los grandes misterios del año pasado se acerca a su fin: la Justicia de Neuquénordenó a la provincia que dé a conocer en un plazo máximo de 48 horas el contrato y las cláusulas secretas del acuerdo firmado entre Chevron e YPF para la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.
Sin embargo, lo más probable es que eso no suceda. O al menos, no en lo inmediato, ya que el fiscal del Estado, Raúl Gaitán, anticipó que apelarán el fallo por considerarlo "incorrecto". "Pide información que presentamos en la Legislatura", alegó el funcionario. Tanto en la exposición que realizó ante el Poder Legislativo provincial como en la presentación que realizó ante la Justicia, el oficialismo evitó referirse al contenido de los puntos confidenciales del contrato.
Aunque es aún un misterio el contenido exacto de las cláusulas, Infobae pudo confirmar meses atrás el contenido de tres de esos puntos. El primero establece que, en caso de incumplimiento o disputas, no se aplicará la ley argentina sino las normas de la ciudad de Nueva York. El segundo, en cambio, establece que ante un desacuerdo o conflicto entre las partes, la jurisdicción no será de los tribunales argentinos, sino de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) con sede en Francia. La tercera y última de ellas determina que la petrolera estatal deposite cien millones de dólares en un banco norteamericano en concepto de escrow (depósito o garantía) para que Chevron pueda cobrar de esa cuenta futuras utilidades del negocio.
Meses después, el diario norteamericano The New York Times reveló otra de las cláusulas. Quizá la que más polémica levantó, ya que establece la petrolera podrá dejar el país no sólo sin penalización alguna sino que, además, podrá seguir recibiendo parte de las regalías de aquellos pozos que alcance a poner en marcha antes de emprender su retirada.
Ante la negativa del gobierno de Jorge Sapag a entregar el documento, la diputada Beatriz Kreitman (Coalición Cívica – ARI) advirtió: "Podemos sospechar dos cosas. Que tampoco ellos conocen realmente el acuerdo entre Chevron e YPF, lo que es gravísimo, ya que es una vergüenza que una provincia entregue los recursos naturales desconociendo lo que hay detrás del contrato. Otra posibilidad es que sí conozcan los términos de ese contrato y que sepan que nada bueno haya en él para los neuquinos en particular y para los argentinos en general". Fue ella quien, junto a los legisladores Marcelo Fuertes (Partido Nuevo), Alfredo Marcote y Alfredo Doubrousin (Unión Popular), elevó el pedido de informes a la Justicia provincial.
De todas formas, el Juzgado Civil, Comercial y de Minería número 4 resolvió rechazar en el mismo fallo el reclamo realizado por la falta de una audiencia pública previa a la sanción de la ley que autorizó el ingreso de Chevron al yacimiento. "Esa participación ciudadana no está diseñada en la ley como antesala obligatoria del debate parlamentario y posterior decisión", puntualizó el escrito, fechado el martes 4 de febrero pero que recién se dio a conocer al día siguiente.