Un escándalo sacude a Salta y terminó por derivar en la apertura de una investigación contra los concejales por "fraude a la administración pública".
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) fue una de las primeras medidas que tomó el Gobierno Nacional como mecanismo de protección social, para ayudar a trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías, que por la crisis sanitaria global, que desencadenó una caída abrupta de la economía, perdieron sus empleos. Es decir, es un mecanismo que apunta a sostener la economía familiar de millones de hogares que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
En este contexto, que un funcionario de la administración pública solicite el IFE es cuando menos un escándalo. En la provincia de Salta, 322.416 personas perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago según el cronograma de Anses comenzará a pagarse el próximo el 10 agosto.
Recientemente denunciaron que en Salta, 52 concejales de 32 municipios, figuran en el registro de trámites de Anses para el cobro del IFE de $10.000. Aunque algunas de las solicitudes iniciales de los ediles fueron rechazadas, otras en cambio se encuentran “listas para hacerse efectivo al beneficiario", por lo que indica el sistema del instituto de previsión social.
— Municipios Argentina (@muniargentina) July 24, 2020
El primer caso que trascendió fue el del concejal de Guachipas, Héctor Cari, que presuntamente había cobrado el IFE. Cuando la noticia llegó a la fiscal Verónica Simesen de Bielke, radicó una denuncia de oficio por “fraude a la administración pública” ante el Juzgado de Garantías Nº 4 a cargo de Diego Nicolás Rodríguez Pipino.
Una vez desatado el escándalo, algunos concejales salieron a desmentir la noticia, mientras otros admitieron haberse inscripto. De la investigación que se lleva adelante contra el grupo de ediles salteños, se desprende que si muchos de ellos pudieron acceder al registro de Anses para solicitar el IFE, sus salarios no estarían registrados por lo que el sistema no arrojó ningún error.
Repudio la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio.Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el paso de la Ley— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 24, 2020
Por su parte, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz subrayó su rechazo a la actitud de concejales y políticos que pretendieron utilizar el IFE para su beneficio, sobre la base que tenían la certeza de estar excluidos de esa herramienta de protección social. "La política es servicio, es pensar en los demás, es trabajar por el bien común, para eso fuimos elegidos", señaló el gobernador.