Al menos diez obras sociales sindicales dejarán de funcionar, como parte de una reorganización en el rubro para concentrar los recursos en las asociaciones más grandes.
Se trata de dependencias con pocos afiliados y problemas económicos: algunas de ellas ya estaban en quiebra o pedían el fin de sus actividades. La medida estará a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que maneja millonarios fondos de las obras sociales.
Entre las asociaciones que se disolverán están la del Personal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la de Trabajadores de Prensa del Chaco y la de Papel Misionero, que desde hace tiempo pedía el cese de funciones. Los afiliados que usan servicios prestados por estas asociaciones son entre 50 y 80, y serán asignados a otras instituciones.
Esta medida es solo el comienzo de un plan mayor para reorganizar el sector, de modo que los actividades con varios gremios concentren los servicios de salud en una sola obra social y no en varias, como sucede actualmente, consigna Clarín. Esto tendrá un fuerte impacto en los gremios, ya que justamente son las obras sociales las que concentran los mayores ingresos.
El Gobierno ya había dispuesto una fuerte reducción de fondos para estas asociaciones, al bajar a la mitad el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que fue implementado durante el kirchnerismo para compensar asimetrías y se distribuye de manera automática. Actualmente representan unos $ 950 millones, que el Ejecutivo quiere eliminar para el 2019.
“No puede ser que haya más de 3000 sindicatos en Argentina y solo 600 firman paritarias. Necesitamos organizaciones sindicales fuertes que representen a los trabajadores”, fue el mensaje que había dado el presidente Mauricio Macri el 30 de octubre pasado, al presentar su plan de reformas económicas en el Centro Cultural Kirchner. También había pedido “obras sociales bien administradas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores”.
La iniciativa avanza en pleno conflicto del Gobierno con los gremios, en la escalada de tensión por la batería de medidas del Ejecutivo para avanzar en la transparencia en los sindicatos, como la presentación de las declaraciones juradas de los jefes de las obras sociales y el análisis de libros contables, padrones y bienes de los gremios, entre otros.
El plan avanza además en medio del avance de causas por corrupción y de detenciones de referentes como Marcelo Balcedo (SOEME), Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA), Omar “Caballo” Suárez (SOMU), además de las investigaciones a Víctor Santa María (SUTERH) y Hugo Moyano (Camioneros).