En 1989 hizo la represa Pichi Picún. No está en la causa por corrupción.
La represa Pichi Picun fue construida por la compañia de Bento Roggio en UTE con la brasileña Odebrecht, en 1989
Ana Laura Calducci
calduccia@lmneuquen.com.ar
Neuquén.- La primera obra con la que ingresó Odebrecht al país fue en Neuquén. La firma brasileña consiguió su primer contrato en Argentina en 1989 para construir la hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, a través de una unión transitoria de empresas (UTE) con la firma local Benito Roggio.
Odebrecht se había instalado dos años antes, en 1987, y su primer contrato fue con Hidronor SA para la obra civil de Pichi Picún Leufú. El 10 de mayo de 1989, el entonces presidente Raúl Alfonsín autorizó la adjudicación de la obra y le otorgó exenciones impositivas a la firma brasileña, en el marco de la emergencia energética declarada poco antes.
En el decreto, el 590/89, Alfonsín expresaba que la contratación se había hecho por los programas de cooperación económica con Brasil, firmados desde 1984 en adelante. También se aclaraba que, al participar Benito Roggio con un 35% de la UTE, se cumplía con el requisito de incluir a la industria nacional.
Para el financiamiento de la obra, la empresa presentó un crédito a la exportación del banco brasileño Cacex y otro préstamo complementario del Banco Central de ese país, Bacen. El Banco Nación fue el garante de la operación.
También participaron de la adjudicación el ex secretario de Energía Roberto Echarte y los ex ministros Rodolfo Terragno (Obras y Servicios Públicos), Dante Caputo (Relaciones Exteriores) y Juan Pugliese (Economía).
La UTE se llamó Consorcio Patagonia y empleó a 2600 personas, instaladas en su mayoría en una villa cerca de Piedra del Águila, según consta en los archivos de Odebrecht. En 1995, la crisis del “efecto tequila” paralizó la construcción por un retraso en los pagos del gobierno argentino. En 1997 se retomó la construcción y concluyó en 1999, con un costo final de casi u$s 500 millones.
En paralelo, el ex presidente Carlos Menem privatizó Hidronor, subdividiéndola en Pichi Picún Leufú SA y se la otorgó a Pérez Companc. La firma nacional aportó 140 millones para finalizar la puesta en marcha de la hidroeléctrica, que fue la última gran obra de ese tipo que se hizo en nuestro país. Hoy la operación de la presa está en manos de Pampa Energía.
La documentación que ventiló el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se desarrolla el juicio por corrupción, reveló que Odebrecht habría pagado sobornos en nuestro país por más de 35 millones de dólares desde 2007 a 2014. No se incluye en la investigación a la hidroeléctrica Pichi Picún, la obra que le sirvió a la brasileña como carta de presentación en tierras argentinas.
Bases: Odebrecht hizo la presa de Pichi Picún y le abrió la puerta a más obra pública en el país.
Allanaron la ex empresa de Macri
El juez Marcelo Martínez De Giorgi dispuso ayer el allanamiento de IECSA, la empresa que pertenecía al primo del presidente Mauricio Macri y socia de Odebrecht en la construcción del soterramiento del tren Sarmiento, junto a las demás que integran el consorcio: Ghella y otras sedes de la obra.
En 2005 se quedó con gasoductos licitados en la Patagonia
La experiencia con la hidroeléctrica de Pichi Picún le abrió las puertas a Odebrecht para otras obras de peso en nuestro país, como la ampliación de los gasoductos sureños General San Martín y Neuba II.
Esa adjudicación fue la previa de contratos mucho más ambiciosos en el mismo rubro, que continúan hasta hoy. Se trata de inversiones que están bajo la lupa en la investigación por presunto pago de coimas de la firma brasileña a funcionarios nacionales.
La compañía Odebrecht ganó la licitación para la ampliación de ambos gasoductos en 2005. Instaló 455 kilómetros nuevos para aumentar la capacidad del sistema en 2,9 millones de metros cúbicos de gas por día.
En 2007 sumaron nuevos tramos a ampliar, como parte de un paquete mayor adjudicado a la firma, que incluye gasoductos distribuidos en 15 provincias. Hoy tiene varios tramos en ejecución, pese a las sospechas de corrupción que pesan sobre la brasileña.
La Procuraduría General de la Nación viene investigando esas licitaciones y, además de Odebrecht, tiene en la mira a un centenar de empresas locales asociadas, entre las que figura el grupo Roggio. La causa tiene hoy una gravitación mediática que roza al Gobierno.